bilbao - La negociación de los traspasos que recoge el Estatuto de Gernika se complica y entra en zona de turbulencias. Y lo hace porque el Gobierno español está planteando al equipo de Josu Erkoreka un sistema para calcular la valoración económica de estas materias que supone alterar el modelo histórico para abordar este debate. Desde el Gobierno vasco sostenían ayer que no se está respetando el mismo modelo que se utilizó para cerrar el año pasado con la ministra Batet las transferencias de la AP-1 y dos líneas de tren, sino que el equipo de la socialista está poniendo sobre la mesa un nuevo procedimiento. Más allá de la diferencia concreta en unas monedas arriba o abajo, que sería asumible, el problema de aceptar el planteamiento del Gobierno español radica en que supondría sentar un precedente y alterar el modelo pactado dentro del Concierto Económico para futuros traspasos de competencias. El resultado de esta discrepancia es que ayer no se pudo cerrar el acuerdo antes de la campaña electoral, que lo complica todo.
El choque afecta a varias de las cuatro competencias que se negocian, y la más relevante de todas ellas, la autopista AP-68, es una de las que permanece atascada en esta disputa. Otro de los traspasos, el de las ayudas para la jubilación de los trabajadores en empresas afectadas por ERE, sería gestionado por una consejera vasca socialista, la responsable del área de Trabajo, María Jesús San José, que también cree que debe respetarse el modelo del Concierto. Los otros dos traspasos son el seguro escolar, casi totalmente cerrado, y la ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos.
La negociación no pudo cerrarse ayer antes de que arrancara a la noche la campaña de las generales, que va a complicar el acuerdo porque Pedro Sánchez podría verse tentado de no realizar ningún movimiento con coste electoral ante la estrecha vigilancia de la derecha española. No obstante, el Gobierno español se arriesga a incumplir un compromiso asumido públicamente en una nota de prensa. Hace unos días anunció que convocaría la Comisión Mixta de Transferencias esta semana para cerrar cuatro transferencias, y el plazo se está agotando. Este anuncio lo realizó, además, después de que el PNV salvara su decreto de alquiler.
Fuentes de la consejería de Batet no garantizaron a DEIA que el acuerdo vaya a producirse esta semana, y matizaron que esa nota de prensa expresaba una intención y un deseo de negociar. Los técnicos de Madrid seguirán negociando pero, a modo de anécdota para ilustrar lo que está sucediendo en este diálogo, mientras el Gobierno vasco anunciaba ayer que daba por concluido el día sin acuerdo, la ministra Batet acababa de cerrar un mitin en Santa Coloma de Gramenet. La consecuencia de toda esta demora fue también que el PNV no pudiera arrancar ayer la campaña electoral con una satisfacción plena, justo cuando está presentando su influencia en Madrid como su baza principal. La situación es más difícil e incómoda para los socialistas vascos, porque el PNV puede presentar objetivamente que ha presionado y que el PSOE es quien no cumple con el Estatuto de Gernika.
Una muestra de la relevancia que concedía el Gobierno vasco a cerrar ya el acuerdo se puede observar en que el propio lehendakari apremió a Sánchez con un correo electrónico, y ayer apostó públicamente ante los medios de comunicación por pactar los traspasos antes de entrar en el fragor electoral, que va a complicar todo. El Gobierno español ha tratado de plantear al Gobierno vasco un acuerdo parcial, que afecte solo a algunas competencias, pero el Ejecutivo de Urkullu recuerda que el compromiso adquirido englobaba a las cuatro.
Tras un intenso cruce de pareceres por videoconferencia entre los dos equipos técnicos, el Gobierno vasco anunció con una nota de prensa que las dos partes habían dado por concluido el día sin acuerdo, y que la discrepancia afecta a las valoraciones económicas. “Es una discrepancia de fondo que afecta al modelo de relación pactado en el Concierto Económico. Este modelo concertado se ha aplicado históricamente, con éxito, en todos los procesos de negociación de transferencias. Es objetivo y se ha demostrado eficaz y justo para ambas partes. Abandonar ahora este modelo supone cuestionar la base objetiva que deberá facilitar la valoración de todas las transferencias pendientes”, recalcó. El Gobierno vasco, que aclaró que no está sujeto a ninguna “coyuntura electoral”, seguirá negociando. Ayer hubo un cruce frenético de ofertas, pero Lakua lamenta que Madrid “no se ha movido”.
campaña La Comisión Mixta de Transferencias, a pesar de la campaña, podría convocarse en cualquier momento y realizarse por videoconferencia. Ese dato podría facilitar la convocatoria en el plano de la logística, porque esa comisión la integran socialistas que son candidatos y están movilizados en la campaña, como el secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, cabeza de lista por Valladolid. Si el acuerdo no se cierra en esta campaña, todo quedará pendiente del nuevo gobierno español, del color que sea. Tras las elecciones, Sánchez entrará en funciones y tendrá restringidas sus atribuciones. En campaña sí puede seguir gestionando, pero se complica la firma y la forma de comunicar el pacto, además de las implicaciones políticas para Sánchez en el Estado.
El traspaso de la AP-68 es el más relevante. Supondría que la comunidad autónoma gestionara toda la red de carreteras, tras el reciente traspaso de la AP-1. La AP-68, de Bilbao hasta Araba, abarca 77,5 kilómetros de vía, donde los vascos podrían beneficiarse de descuentos en el peaje si las diputaciones llegaran a un acuerdo. Además, la empresa concesionaria, Abertis, ha dado el plácet al traspaso porque sabe que se mantendrán los términos de su contrato, hasta 2026.
El lehendakari había apostado por cerrar el acuerdo ayer “para no estar sometidos a las agendas electorales de otras personas”. Ahora la negociación entra en campaña, y sobrevuela la duda de si Sánchez está haciendo un análisis del coste electoral o si se quiere guardar este asunto como baza para una futura investidura.
