Bilbao - El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado en calidad de investigado al que fuese vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, así como a tres cargos del proyecto por las irregularidades en el Campus de la Justicia. Se da la paradoja de que el líder del PP, Pablo Casado, lo había nombrado responsable de la Oficina del Cargo Popular, encargada de combatir la corrupción dentro del partido.

En concreto, Prada deberá comparecer ante el juez el próximo día 27, cuando también han sido citados el arquitecto y director general técnico del proyecto Isabelino Baños, el subdirector técnico José Sanz Piñar y el director del área financiera del Campus de la Justicia de Madrid (CJM), Alicio de las Heras.

El auto señala en concreto que la sociedad “no seguía ningún criterio de racionalidad económico ni organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil”.

Además, indica que “todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados”. De la Mata cita a estas cuatro personas en tanto que responsables del desarrollo económico y contractual de la sociedad que se constituyó para el Campus de la Justicia de Madrid, tras analizar el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 sobre el proyecto, que arroja diversas irregularidades en distintos ámbitos. La Ciudad de la Justicia de Madrid dejó un agujero patrimonial superior a los 105 millones de euros.

El PP aseguró ayer que actuará contra el exconsejero madrileño si se le abre juicio oral, ya que, según recuerda, en este momento “no ocupa ningún cargo público”, según fuentes del partido. Ante esa imputación, Génova ha recordado que Alfredo Prada “no ocupa ningún cargo público”. Por eso, se ha remitido a los Estatutos del PP que especifican que “hasta que no se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción no se procederá a suspenderle provisionalmente de afiliación precisamente para garantizar todos sus derechos”, según las mismas fuentes. Por lo tanto, el PP no actuará en este momento contra el exconsejero madrileño en virtud de esas normas internas del partido. - E. P.