BILBAO - “No lo sé, no lo recuerdo”. Fue la tónica ayer en las respuestas del responsable de difusión institucional del Govern, Jaume Mestre, a preguntas de la Fiscalía durante su testifical hasta el punto de provocar que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, tuviera que interrumpir el interrogatorio para advertirle de su sucesión de contestaciones evasivas e inexactas. Pese a la advertencia, que se produjo al final del interrogatorio, Mestre prosiguió respondiendo con monosílabos o expresiones dubitativas, por lo que al final el fiscal Jaime Moreno concluyó reclamando que se le investigara por falso testimonio. El juez le avisó de que no solo incurre en ello quien no dice la verdad sino quien incurre en esta estrategia con el objetivo de “alterar la verdad”. Mestre dijo haber entendido el mensaje pero no varió su discurso a la hora de evocar las campañas de difusión del 1-O.

Para los testigos que mienten deliberadamente, el Código Penal establece en su artículo 458 las citadas penas de hasta dos años de cárcel y a los que replican con inexactitudes se les puede castigar, según el artículo 460, con penas de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años. Marchena señaló que ahora no puede valorar si Mestre dijo la verdad o no, pero que lo hará en la sentencia. Quedarán exentos de pena aquellos que, tras prestar falso testimonio, se retracten en tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta efecto antes de que se dicte fallo en el proceso.

El interrogatorio a Mestre versó sobre las campañas publicitarias y material propagandístico del referéndum que se difundió en las semanas anteriores al 1-O. Certificó trabajos de difusión en Internet y la contratación de diseñadores para las campañas del registro de catalanes en el exterior y la denominada Civisme. Precisó, eso sí, que en todos estos casos la tarea se hizo, pero las facturas no se pagaron. “No han cobrado” y “tampoco se pagó” fueron algunas de las respuestas aportadas por el testigo, provocando el enfado cada vez mayor del fiscal. Dijo ignorar Mestre si las empresas contratadas no reclamaron su dinero por un trabajo ya realizado, pero respecto a una factura de más de 80.000 euros aseveró que no lo han hecho. “¿Les perdonó 80.000 euros?”, inquirió Moreno, sorprendido. “Puede ser”, matizó Mestre. Civisme pretendía “promover valores democráticos en la sociedad” pero el concurso público quedó desierto y no se elaboró ningún anuncio. Respecto a la campaña de las vías del tren, se limitó a decir que vio los anuncios en los medios de comunicación. A partir de ahí sus respuestas encadenadas oscilaron entre el “no” y el “no lo sé”. En este escenario no fueron pocos quienes recordaron las dudas, titubeos y lagunas, más o menos intencionadas, del expresidente español Mariano Rajoy en su declaración, sobre todo cuando se le preguntó por la mediación del lehendakari Iñigo Urkullu.

¿observadores o expertos? Mientras, el ex secretario general de Diplocat Albert Royo reconoció que esta entidad pagó los gastos de “expertos” que se desplazaron voluntarios a Catalunya por el 1-O para “hacer un análisis académico”, pero no como “observadores internacionales” para supervisarlo, pese a que la Generalitat los presentó así. La de ayer fue la primera vez en que el asunto de los observadores entró en escena, aspecto clave a la hora de justificar la malversación. Los expertos, dijo, solicitaron su presencia en Catalunya en los días previos al referéndum para poder completar su diagnóstico pero no a instancias de la Generalitat. Su comportamiento giró en torno a la denominación de este grupo como visitantes y no como observadores, pues lo que hacen estos es “comprobar si el voto ha sido justo y transparente” y eso “no tiene nada que ver” con lo que contrató Diplocat. Aquellos días no hubo uno sino dos equipos de expertos, el Election Expert Research Team encabezado por Helena Catt, directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda; y el de la International Limited Observation Mission, liderado por el exembajador holandés Daan Everts.