La Justicia evalúa si cerrar el Parlamento británico es un "abuso de poder"

La conocida empresaria anti-"brexit" trasladó al Tribunal Superior de Londres una demanda con la que persigue impedir el cierre de las sesiones parlamentarias durante cinco semanas desde el próximo día 10, anunciado el pasado 28 de agosto, entre gran controversia, por el líder tory.

A esta querella se han sumado el ex primer ministro conservador John Major, el abogado escocés James Wolffe, el Gobierno de Gales y la portavoz laborista en temas jurídicos Shami Chakrabarti.

En un caso similar, el Tribunal de Sesiones de Edimburgo falló ayer a favor de Johnson, al considerar que actuó dentro de la legalidad.

Hoy en Londres, el letrado que representa a Miller, David Pannick, recordó que, "en los últimos 40 años, el Parlamento nunca ha sido suspendido durante más de tres semanas y en la mayoría de los casos (la suspensión) ha durado una semana o menos".

Según arguyó, "desde cualquier punto de vista, ésta es una suspensión de una extensión excepcional" que, en este caso, no iría acompañada de una "justificación de peso".

Una de las intervenciones más repetidas por el abogado en el transcurso de esta audiencia instaba al jefe del Ejecutivo a responder a por qué el Parlamento debe dejar de funcionar durante tanto tiempo en medio de una crisis política de esta envergadura.

Los representantes legales de Miller aclararon también que de ninguna manera solicitan al tribunal que se posicione sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), fijada para el 31 de octubre, ni sobre "los términos" en que se ejecutará el "brexit".

Pero incidieron en que en este caso la clausura temporal de ambas cámaras "supone socavar de manera injustificada la soberanía parlamentaria", que es "la base de nuestra Constitución".

Al solicitar, como marca el protocolo, la aprobación de Isabel II, Johnson dio como motivo la necesidad de presentar -el 14 de octubre- su nuevo programa legislativo -el llamado Discurso de la Reina-.

Sus detractores, en cambio, percibieron la maniobra como una argucia con la que evitar que los diputados opuestos a un "brexit" duro dispusieran de tiempo suficiente para tratar de hallar otras vías legales con las que impedir ese escenario.

En un momento de alta tensión política en el país, el primer ministro encajó anoche dos duros varapalos después de que los Comunes aprobaran el veto a una salida "dura" de la UE y rechazasen su propuesta de un adelanto electoral para el 15 de octubre.

En principio, y si no hay un fallo judicial favorable, la actividad parlamentaria se suspendería desde mitad de la semana próxima hasta el 14 de octubre, pocos días antes del crucial Consejo Europeo, que debe dar su visto bueno a un eventual acuerdo entre Londres y Bruselas o una prórroga del "brexit" más allá del 31 de octubre.

Del lado de Miller, John Major estableció, mediante una declaración leída en la sala, la relación entre "los muy obvios intereses políticos" que tiene el primer ministro para que no haya actividad parlamentaria en estos momentos y la extensa duración del cierre "que de otra manera sería inexplicable".

Por su parte, Boris Johnson, que está decidido a consumar el "divorcio" con Bruselas en la fecha prevista con o sin acuerdo, contó con el abogado James Eadie para desmontar los argumentos de la activista.

Ese letrado argumentó que la suspensión que busca el líder tory "no impide al Parlamento legislar sobre ningún asunto que desee" y que "el ejercicio de este poder prerrogativo es intrínseco a la alta política, y no a la ley", es decir, un asunto que compete únicamente a los políticos y sobre el que no pueden decidir las cortes.

En 2017 Gina Miller ganó otra querella muy sonada en este país al evitar en los tribunales que el Ejecutivo pudiera activar el Artículo 50 -que puso en marcha el proceso de salida de este país del bloque europeo- sin una votación parlamentaria previa.