Huelga de controladores, único precedente de estado de alarma en democracia

13.03.2020 | 16:00
En 2010 Zapatero decretó el estado de alarma por la crisis de controladores.

El 4 de diciembre de 2010, el Gobierno de España declaró el estado de alarma por primera vez en democracia para dar respuesta al cierre del espacio aéreo provocado por la huelga de controladores.

Es el único precedente a la medida que mañana decretará el Gobierno, un régimen excepcional recogido en la Constitución y en la Ley Orgánica 4/81 que se emplea ante "circunstancias extraordinarias" que hacen "imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios".

Hace 10 años, fue la huelga de controladores (que abandonaron sus puestos el día 3) y el consiguiente cierre del espacio aéreo español y suspensión del transporte aéreo de personas, que afectó a 600.000 personas, la que obligó a aplicar esa medida.

Los controladores pasaron a estar "movilizados" dependiendo de la jurisdicción militar durante un plazo de 15 días, si bien ese mismo 4 de diciembre, poco después del acuerdo del Ejecutivo, se reabrió el tráfico aéreo tras veinte horas cerrado y comenzaron a despegar aviones.

Seis horas después de la declaración del estado de alarma, el aeropuerto de Madrid-Barajas comenzó a mostrar síntomas de normalidad, que se completó unas 48 horas después. A las ocho de la tarde de ese mismo día, el 90 % de los controladores estaba en sus puestos.

Continúan todavía los juicios


Las consecuencias de ese cierre del espacio aéreo aún no se han determinado. A día de hoy (y al menos hasta junio), un juzgado de Madrid sigue juzgando a varios de los controladores que fueron a la huelga.

El juicio empezó para 133, pero 119 llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y reconocieron los hechos, con multas de 30.000 euros y penas de cinco meses de cárcel para los controladores que forman parte de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), y de 15.000 euros para los no sindicados.

En Palma, en 2018, se juzgó a otros 80 controladores. 73 de ellos llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y abonaron multas de entre 15.000 y 31.500 euros después de que todos ellos se declarasen culpables del delito de abandono del servicio. La Fiscalía retiró la acusación para los otros 7.

noticias de deia