El estudio informativo redactado por el Euskal Trenbide Sarea (ETS), el gestor ferroviario vasco, en base a la encomienda realizada desde el Gobierno de Madrid está todavía en fase de aprobación definitiva. La interinidad del Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de 2019 impidió que la tramitación administrativa necesaria cumpliera sus plazos en el Ministerio de Transición Ecológica para la aprobación definitiva del Estudio de Impacto Ambiental y decidir finalmente cual de las dos opciones redactadas es la elegida. La última reunión de la consejera Tapia con el ministro Ábalos, antes de la pandemia del coronavirus, dio esperanzas a Lakua para la reactivación del proceso pero todo volvió a ralentizarse por el estado de alarma. De hecho, aún resta conseguir el plácet del Ministerio de Transición Ecológica.
La intención es que el documento final, además de decidir la mejor alternativa, también incluya las alegaciones presentadas el pasado año que obtuvieron la validación técnica, tanto del ministerio en Madrid como del Gobierno vasco. Los escritos fueron abundantes en número, pero casi todos hacían una petición imposible de aceptar. En concreto, fueron recibidas 2.112 alegaciones, de las cuales, 2.096 eran un modelo tipo en el que se solicitaba que no se apruebe ninguna de las dos soluciones planteadas en el estudio informativo y que se tengan en cuenta las opciones presentadas por Barakaldo Naturala tras un proceso de participación ciudadana. De las restantes 16 alegaciones atendidas, cinco son de colectivos medioambientalistas y otra, de una asociación de vecinos de Olabeaga. También presentaron escritos Ría 2000 y tres empresas privadas afectadas por el proyecto. Además se incluyeron dos solicitudes de aumento de plazo de información pública y dos de particulares afectados.
Las administraciones públicas también tuvieron un periodo de audiencia en el que se recibieron 24 escritos, de los cuales nueve son de organismos estatales, una decena de autonómicos y otros cinco, de entidades municipales.
