El 89% de presos del EPPK siguen dispersados a más de 400 kilómetros
Sare anima a participar en la marcha del próximo sábado en Bilbao para acabar con las medidas de excepciónEl 90% de presos sigue sin poder acceder a beneficios penitenciarios
Iruñea - El 89% de los miembros del colectivo de presos políticos vascos (EPPK) continúa cumpliendo prisión a más de 400 kilómetros de sus hogares. A pesar de que hace ya más de seis años que ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, la política penitenciaria del Gobierno español sigue siendo la misma que en los años de mayor actividad de la banda, o incluso ha empeorado según denuncian desde la red ciudadana Sare. El Ministerio del Interior mantiene dispersados a los reclusos, lo que supone un castigo para familiares y amigos que cada fin de semana tienen que echarse a la carretera durante horas para hacer una visita de apenas 40 minutos a sus seres queridos. Además de la dispersión, la política actual no contempla la libertad para los presos enfermos con patologías graves e incurables y sigue manteniendo a una gran mayoría de reclusos en primer grado, lo que impide el acceso a beneficios penitenciarios y rebajas por realizar actividades o trabajar. Una situación a la que Sare quiere darle la vuelta mediante el impulso popular de la ciudadanía y que, más allá de dinámicas que van desarrollando a lo largo del año, tendrá el próximo sábado su punto álgido con la manifestación que recorrerá las calles de Bilbao a partir de las 17.30 horas.
Bajo el lema, Prest gaude-Estamos dispuestos. Derechos Humanos, resolución, paz, la red ciudadana Sare llama a la sociedad vasca a que, al margen de adscripciones ideológicas partidistas, llene las calles de la capital vizcaina en una gran movilización, “reflejo de una sociedad en marcha hacia la paz y la resolución”. Para Sare, es muy importante que sea la sociedad vasca quien asuma el protagonismo en la solución de todas las consecuencias del conflicto, ya que el Estado español se muestra impasible ante cualquier reclamación. La red ciudadana considera que será el impulso ciudadano el que haga cambiar esta dinámica política; además, valora que solo mediante una solución integral en la que también formen parte los propios presos se logrará una paz definitiva y duradera.
El 90%, en primer grado Pero para llegar a ese escenario todavía son muchos los obstáculos que se tienen que superar. En primer lugar, las leyes de excepción que siguen vigentes, aunque hayan pasado seis años del cese definitivo de la actividad armada. El marco legislativo hace que a día de hoy un 90% de esos 301 presos sigan recluidos en régimen de primer grado, algo que Sare denuncia como una “conculcación de derechos” que llama la atención en la comunidad internacional. “Sorprende que haya presos que lleven 28 o 29 años en régimen de primer grado, sin evolución penitenciaria alguna, algo que de inicio no cumple con las propias leyes penitenciarias del Estado español”, apuntan. El hecho de que la gran mayoría de los presos siga en primer grado perpetúa las políticas de alejamiento, afecta a aspectos tan básicos como sus comunicaciones -solo se les permite recibir dos cartas por semana- y, sobre todo, les impide acceder a beneficios penitenciarios, trabajar, acogerse a permisos o siquiera realizar una actividad normal en el día a día de la cárcel.
De esa situación se derivan el resto de problemas. Entre ellos, el más sangrante es el que tiene que ver con los niños. Hasta 113 menores han condicionado su infancia a la situación penitenciaria de sus padres, repercutiendo en los menores los efectos de la dispersión.
Cerrar definitivamente el capítulo de la violencia sin zanjar el problema en las cárceles sería “un cierre en falso”, apuntan desde Sare. Por este motivo, la red ciudadana llama a recoger el testigo de la última manifestación en París -que valoran como estratégica para influir sobre el Estado español- y acudir el sábado que viene a Bilbao, donde se espera que la sociedad vuelva a ser protagonista de la denuncia de esta situación. Para ello, tras organizar autobuses desde distintos puntos de la geografía de la CAV y Nafarroa, y con alrededor de 700 voluntarios que faciliten la organización de la marcha, Sare quiere “seguir trabajando” por la solución de una parte fundamental del conflicto.
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