BILBAO. Esta investigación se ha desarrollado después de que el candidato del PNV a diputado general de Araba, Xabier Aguirre, desvelara que EB había pedido dinero y cargos públicos a cambio de su apoyo al PNV en el pleno de investidura celebrado en las Juntas Generales del territorio, en el que finalmente salió elegido el aspirante del PP.

En el citado informe se considera probado que Madrazo y el coordinador de la Presidencia y portavoz de la formación, Serafín Llamas, "sin información ni conocimiento por parte de ningún órgano de EB, fueron los responsables de condicionar el apoyo de EB" al PNV a la contratación de 43 personas y a la concesión de un crédito de 600.000 euros.

En concreto, el documento específica que "en la mesa B" de las negociaciones se reclamó "la contratación de Julia Madrazo, Jon Sustatxa (ambos dejaron de ser concejales en Bilbao tras el 22-M), el propio Serafín Llamas, este mismo año, así como de otras 39 personas a lo largo de la legislatura" y también "la incorporación de José Navas (exconcejal en Gasteiz) a la Caja Vital".

Además, el informe considera probado que las dos junteras de EB en Araba, Nerea Gálvez y Mertxe Etxezarreta, y los integrantes de la comisión negociadora oficial, Kontxi Bilbao y David Lozano, portavoz y coordinador en este territorio, respectivamente, "conocían los términos de la negociación" aunque "no participaron en ellas de forma activa".

El dictamen establece que cuando el PNV "decide no asumir" las exigencias planteadas "en la mesa B", la comisión negociadora oficial presentó una nueva propuesta programática "que sabían que era completamente inasumible", "cuyo objetivo era el de romper la negociación" y de la que no informaron a los órganos del partido.

Por todo ello, se acuerda "tramitar la baja" del partido de Madrazo, aceptar la dimisión de Llamas, exigirle la puesta a disposición notarial de los poderes económicos de EB, y "conminarle" a pedir la baja en el partido "so pena de iniciar ante los órganos competentes un expediente sancionador".

También se reclama a las dos junteras -Gálvez y Etxazarreta- que pongan a disposición de la Permanente de Arab sus actas de procuradoras y se insta a Bilbao y Gálvez y Bilbao a renunciar a sus cargos internos en EB.

Además, el documento censura que después pedir a los implicados su versión de los hechos por escrito, Madrazo "no ha respondido", Llamas y Bilbao han enviado sendas notas poniendo en duda "la validez del órgano encargado de redactar el dictamen" y sólo Lozano y Gálvez han enviado su versión (aunque Bilbao ha suscrito la de Lozano).

En el dictamen también se defiende la potestad de la Arana para llevar a cabo esta investigación, ya que al no contemplar los estatutos "la figura de las investigaciones, cabe entender que el dictamen que surja de la investigación es una herramienta exclusivamente política, análoga a cualquier otro informe político, y por lo tanto sin capacidad sancionadora" y, por ello, "es al coordinador General a quien corresponde asumir la responsabilidad".

El sector del partido crítico con Arana y afín a Madrazo no ha acudido a la reunión de la Presidencia de esta tarde porque "se ha excluido a tres de sus miembros".

Además, los críticos han señalado que, según los estatutos, el coordinador general no puede "arrogarse la función de instructor sin ningún tipo de garantías" y que debe ser el Consejo Político de Euskadi de EB, convocado para mañana por los críticos y al que Arana ha anunciado que no asistirá, "el que aborde la resolución de Araba".