Felipa Artano Sagastume, de 91 años, madre de Joxi Zabala, secuestrado, asesinado y enterrado a mil kilómetros de su casa en cal viva por elementos al servicio del terrorismo de estado, la Audiencia Nacional le reclama 9.252,06 euros. Según la fría e inhumana requisitoria que ha recibido la familia, la cantidad corresponde a las costas procesales del recurso que interpuso contra la decisión del Tribunal Constitucional de negar a su hijo la condición oficial de víctima del terrorismo. Hablamos, por lo tanto, de una humillación indescriptible que se une a las incontables que esta mujer y sus allegados han padecido desde el mismo instante de la desaparición de Zabala junto a su compañero Joxan Lasa en octubre de 1983.
De nada sirvió que, gracias al tesón de un honrado policía y al trabajo del forense Paco Etxeberria, se llegara a determinar en sede judicial -¡casi veinte años después de los hechos!- que los dos jóvenes fueron ejecutados y sepultados por los GAL bajo las órdenes del tristemente célebre coronel (luego general) de la Guardia civil Enrique Rodríguez Galindo. El Ministerio del Interior español se negó a reconocerlos como víctimas del terrorismo, alegando una pertenencia a ETA que en ningún momento quedó acreditada. La larga batalla en los juzgados terminó con el recurso al Tribunal Constitucional que, además de ser resuelto en contra, ahora viene con la propina lacerante de la amenaza de embargo si no se abona la minuta de los 9.252,06 euros. Es una indecencia sin matices, pero además, la prueba del trato que reciben en el presunto estado de derecho las víctimas de la violencia policial y parapolicial.
