El Gobierno ha modificado el anteproyecto de la nueva ley audiovisual para permitir que la financiación de RTVE se realice con aportaciones de las plataformas y agentes del mercado audiovisual, tanto la televisiones lineales en abierto o de pago, los prestadores de vídeo bajo demanda y las plataformas. Lo anunció ayer martes el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado que da cuenta de las novedades incluidas en el documento, ya sometido a audiencia pública en octubre, y que de nuevo se presenta a este trámite tras estudiar las alegaciones.

Asegura el Ministerio que al modificar la ley de financiación de RTVE “se da un paso más para establecer un terreno de juego equilibrado para todos los actores del sector y que todos tengan las mismas obligaciones”. Además, el Ejecutivo ha eliminado las aportaciones directas de los operadores de telecomunicaciones por la parte del negocio no audiovisual, otra de las novedades.

Habrá nuevas fuentes de ingresos para RTVE que podrá “monetizar” publicidad mediante patrocinios o anuncios en canales internacionales y contenidos digitales; y se podrá insertar igualmente en los canales de la Corporación en plataformas de intercambio de vídeo. Para promocionar la obra audiovisual europea se incluyen obligaciones que mantienen este precepto ya establecido en el primer anteproyecto y que afecta a las plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+ o YouTube. Habrán de destinar el 3,5% a obra audiovisual de productor independiente en lenguas oficiales, un 0,9 más que el porcentaje actual; y también el 2% de las inversiones a financiar cine independiente en castellano o lenguas cooficiales.

Pretende además contribuir a reducir la brecha de género y establece medidas para la igualdad y la no discriminación por género, con códigos de autorregulación que protejan a los usuarios frente a contenidos que atenten contra la dignidad de la mujer o fomenten la discriminación. Se impulsan las obras audiovisuales dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres. En cuanto a contenidos, se prima la oferta de contenidos accesibles, con mayor porcentaje que deberán garantizar los llamados prestadores, entre los que están los de televisión lineal de pago y los servicios a petición.