La Comisión Europea presentó este martes una propuesta para actualizar la legislación penal contra el abuso sexual infantil, ampliando la definición de los delitos y los plazos para denunciarlos.
El objetivo es actualizar las normas vigentes, de 2011, y adaptarlas al entorno tecnológico, de manera que se incluya también la transmisión en vivo de abuso sexual infantil, la posesión e intercambio de manuales de pedofilia o los contenidos generados por inteligencia artificial o los "deepfakes" o ultrafalsos.
Esos manuales de pedofilia, explicó en rueda de prensa la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, contienen por ejemplo instrucciones sobre cómo acercarse a los menores o incluso a sus padres para ganarse su confianza o sobre la manera de llevar a cabo los abusos.
Bruselas busca también reforzar la prevención y la protección de las víctimas.
Entre los principales elementos de la propuesta figura la idea de fijar un plazo más largo durante el cual las víctimas pueden denunciar el abuso sexual que sufrieron, para evitar la prescripción del delito.
"El objetivo es que se puedan perseguir los delitos durante veinte o treinta años", dijo en la rueda de prensa de presentación de la propuesta la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson.
"Nos aseguraremos de que en todos los Estados miembros los estatutos de limitaciones (que restringen el plazo para las denuncias) empiecen a funcionar cuando el niño sea mayor de edad y que duren lo suficiente, 20 o 30 años", señaló la comisaria, que recordó lo mucho que se tarda a veces en denunciar estas experiencias traumáticas.
Los plazos para denunciar los delitos
La propuesta de Bruselas plantea que los plazos para denunciar no comiencen a aplicarse antes de que la víctima haya cumplido 18 años.
A partir de ese momento, habrá un plazo de 20 años para los delitos sancionados con una pena máxima de al menos 3 años; 25 años para los delitos sancionados con una pena máxima de al menos 5 años y de 30 años para las infracciones sancionadas con una pena máxima de al menos 8 años.
Las nuevas normas también otorgarán a las víctimas el derecho a una compensación financiera, para abordar los daños a largo plazo que causa el abuso sexual infantil.
Además, los Estados miembros estarán obligados establecer un mecanismo de coordinación para aprovechar al máximo los programas disponibles en prevención y asistencia a las víctimas.
La nueva directiva pide también a los Estados miembros que inviertan más para sensibilizar sobre los riesgos, especialmente en internet.
Según la Comisión Europea, se estima que en Europa 1 de cada 5 niños sufre algún tipo de violencia sexual.
En 2020 se denunciaron 1 millón de casos y dos años más tarde la cifra subió a 1 millón y medio.
La directiva propuesta se completa con un reglamento que Bruselas presentó en 2022, centrado en las obligaciones de los proveedores de internet para asumir una responsabilidad en la protección de los menores.
La directiva establece estándares comunes para las investigaciones penales, armoniza definiciones y las multas y sanciones.
Tras la propuesta de la Comisión, corresponde a los colegisladores (Parlamento Europeo y Consejo) llegar a un acuerdo sobre el texto.
