El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este martes la que será su posición negociadora en la tramitación de nuevas normas para reforzar la protección de periodistas y activistas frente a posibles demandas "abusivas" o "infundadas" que se presenten contra ellos con el objetivo de intimidarles o silenciarles.
Los eurodiputados abogan por la creación de una "ventanilla única" para que las víctimas de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) puedan informarse y recibir asesoramiento en cualquier país de la UE; al tiempo que reclaman a las autoridades nacionales que proporcionen asistencia financiera, jurídica y psicológica a los demandados.
Con 498 votos a favor, 33 en contra y 105 abstenciones, el mandato para los negociadores de la Eurocámara recibe luz verde y permite por tanto iniciar las negociaciones con los Veintisiete, un proceso que se augura complejo tras las críticas desde el propio Parlamento y de la Comisión Europea a los gobiernos por fijar una posición negociadora que, a sus ojos, diluye parte de las salvaguardas propuestas de salida por Bruselas.
"Las demandas abusivas están disuadiendo a las voces críticas de sacar a la luz cuestiones de interés público. Los periodistas y activistas son una piedra angular de nuestras democracias y deberían poder trabajar sin ser intimidados", ha dicho el ponente, el eurodiputado socialdemócrata alemán Tiemo Wölken, tras la sesión de votaciones.
"Nuestros tribunales no pueden ser patios de recreo para los ricos y poderosos", ha remachado, tras apuntar que otra de las aspiraciones de la nueva norma es definir de manera más amplia y clara los casos transfronterizos.
Otro de sus planteamientos señala la necesidad de establecer un registro europeo sobre SLAPP de manera que las autoridades nacionales reúnan ahí los datos relevantes, en especial respecto a decisiones judiciales. También quieren que sea obligatorio para los profesionales de la justicia recibir formación adecuada para actuar en este tipo de casos y que las asociaciones profesionales apliquen reglas que disuadan a sus miembros de interponer demandas abusivas.
El objetivo es defender a periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, activistas, investigadores y artistas que puedan verse afectados por trabajar o denunciar cuestiones de interés público, como el respeto de derechos fundamentales, las actividades de los funcionarios públicos o las acusaciones de corrupción.
