Desarticulada una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Gandía

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente se dedicaba a captar mujeres, tanto en su país de origen como en territorio español, y a explotarlas con fines sexuales en un piso de citas ubicado en el municipio valenciano de Gandía, según han informado ambos cuerpos de seguridad en un comunicado.

Durante la operación se han detenido siete personas, seis hombres y una mujer, y se han realizado siete registros, cuatro en domicilios particulares, uno en la casa de citas donde se explotaba sexualmente a las mujeres y dos en talleres mecánicos.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia en el año 2024 de una mujer que manifestó haber sido víctima de una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Gandía.

Los investigadores abrieron la operación y descubrieron que los miembros del entramado criminal pretendían expandir su actividad y poner en funcionamiento nuevos pisos de prostitución en la misma localidad.

El entramado criminal se dedicaba a la captación de mujeres de origen sudamericano –colombianas y venezolanas–. En la mayoría de los casos, estas mujeres se encontraban en situación de vulnerabilidad sin una alternativa real de mejorar su situación económica y personal.

Las víctimas eran captadas en su país de origen por parte de sus compatriotas colombianos y colaboradores de la organización criminal. Del mismo modo, los investigados también captaban a mujeres ya residentes en el Estado español ofreciéndoles "plaza" en el piso de citas donde, posteriormente, ejercerían la prostitución.

Los investigados, de origen colombiano, una pareja que además se encargaba de realizar funciones de control en el piso, eran los encargados de la captación de las mujeres desde país de origen, siendo estos quienes entablaban un primer contacto con la víctima para posteriormente ser el principal responsable de la organización el encargado de contactar con la mujer a través de videollamada para cerciorarse de que cumplía ciertos requisitos para el ejercicio de la prostitución.

El investigado les prometía que ganarían altas cantidades de dinero a través del ejercicio de la prostitución en el Estado español. Las mujeres aceptaban la oferta con la esperanza de mejorar su situación económica en su país de origen. Sin embargo, a su llegada, estas condiciones distaban mucho de la realidad, pues eran sometidas al ejercicio de la prostitución en condiciones de explotación, recibiendo un bajo porcentaje de todos los beneficios generados.

Una vez que las víctimas aceptaban la propuesta, la organización se encargaba de la adquisición de los billetes de avión para viajar desde Colombia, así como del resto de gastos necesarios para el cruce de fronteras, tales como reservas de hotel, seguro de viaje o facilitación de los medios económicos suficientes. Antes de viajar, las víctimas recibían un aleccionamiento sobre cómo simular su entrada como turistas sin ser detectadas en los controles fronterizos del aeropuerto.

A su llegada, las mujeres eran recibidas por el líder de la organización o por una pareja colombiana y eran trasladadas hasta el piso, ubicado en Gandía, donde ejercerían la prostitución.

Condiciones de vida

Las víctimas, desde el mismo día en el que llegaban al piso, eran obligadas a prostituirse las 24 horas todos los días de la semana, sin descansos. No podían negarse a atender a los clientes o a la práctica de ciertos servicios sexuales.

Así mismo, si acudía un cliente al piso, debían presentarse en ropa interior para que éste pudiera elegir con cuál de ellas mantener relaciones sexuales. Además, las víctimas debían hacerse fotografías para que los integrantes del entramado publicitaran sus servicios en diferentes páginas de contenido sexual.

En el supuesto de que un cliente solicitara los servicios sexuales fuera de la casa de citas, era uno de los investigados el responsable de desplazar a la mujer hasta el lugar concretado y, una vez finalizado el tiempo pactado por el cliente, era devuelta al piso prostíbulo para continuar ejerciendo la prostitución allí. De esta forma, la organización controlaba no solo los servicios prestados por las mujeres y la recaudación de sus beneficios, sino también cualquier desplazamiento que las mujeres realizaran fuera del piso.

Durante su explotación, las víctimas eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes (cocaína o tusi) con los clientes si éstos lo solicitaban, a pesar de que muchas de ellas no habían consumido dichas sustancias previamente, todo ello con el objetivo de estar más activas y aguantar durante más tiempo, además de complacer al cliente y obtener de este modo mayores beneficios para la organización.

Así mismo, los investigados también ofertaban entre los clientes que así lo solicitaran potenciadores sexuales, tipo sildonafil o viagra.

Organización estructurada

En la organización había varios niveles. En uno de ellos, sus integrantes estaban dedicados a la captación de mujeres –principalmente colombianas– para su posterior acogida y traslado al piso ubicado en Gandía. En el siguiente nivel, otros se dedicaban a ejercer las labores de traslado de las mujeres a los servicios sexuales, mientras que, en el último, los integrantes proveían a los clientes de la casa de citas de sustancias estupefacientes. Todo se realizaba bajo la supervisión del principal sospechoso, que establecía un férreo control de las mujeres explotadas sexualmente.

Se obtuvieron indicios que apuntaban a que la red podría estar cometiendo un presunto delito de blanqueo de capitales según el resultado de las observaciones telefónicas y el análisis de las cuentas bancarias titularidad de los investigados. En concreto, la organización supuestamente hacía transacciones financieras de dudosa procedencia haciendo uso de monederos virtuales de criptomonedas y derivando el dinero obtenido de la actividad a ilícita a otros países como Bulgaria, donde adquirían bienes muebles e inmuebles.

De igual forma, los integrantes figuraban en situación de alta como autónomos en diferentes actividades laborales, aparentemente lícitas, como talleres mecánicos, destinados también a blanquear los beneficios obtenidos de la actividad de la prostitución.

Durante la investigación se pudo conocer que los miembros del entramado pretendían expandir su actividad y poner en funcionamiento nuevos pisos de prostitución en Gandía. Fruto de la operación han sido detenidos seis hombres de entre 35 y 54 años y nacionalidades búlgara y rumana, y una mujer de 20 años y de nacionalidad colombiana. Se les atribuyen los delitos de organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y aparejada a blanqueo de capitales, tráfico de drogas, detención ilegal, relativos a la prostitución y contra los ciudadanos extranjeros.

De los siete registros practicados se ha aprehendido 15.870 euros en efectivo, 14 teléfonos móviles, una cámara de video vigilancia, una tarjeta de almacenamiento Micro SD, libretas de anotaciones y documentación incriminatoria relativa a los delitos investigados, billetes de tren, dos relojes, billetes de moneda colombianos, venezolanos y búlgaros, un ordenador portátil, 11 coches, así como diversas sustancias estupefacientes –32 gramos de cocaína y 15 monodosis de tusi–. Además, 250 pastillas de sildenafil (viagra) y otras sustancias anabolizantes y material de inyección.

Durante la investigación se ha podido identificar a un total de 38 potenciales víctimas, de las que seis ya han sido identificadas y han prestado declaración como testigos protegidos. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gandia.