18 mujeres liberadas y cinco personas han sido detenidas, dos de ellas en Bilbao, en una operación de la Policía Nacional en la que se ha desarticulado una organización criminal que, presuntamente, explotaba sexualmente a mujeres. Las víctimas eran captadas en Colombia con falsas promesas de trabajo.

Después de facilitar su llegada al Estado, se les imponía una deuda que en algunos casos podía ascender a los 8.000 euros y que debían saldar ejerciendo la prostitución. Eran obligadas a hacerlo en Bilbao, Donostia, Gasteiz, Nafarroa, Santander, A Coruña, Oviedo, Gijón, Burgos, León y Ponferrada.

Fue el testimonio de una víctima que en septiembre del año pasado denunció haber sido engañada y traficada desde Colombia hasta Santander, donde fue explotada sexualmente, lo que dio paso a una investigación.

Deuda contraída

A medida que se iba avanzando en la misma, el cuerpo policial identificó una estructura criminal con diferentes ramas. Durante la operación se llevaron a cabo siete registros en viviendas. En ellos se intervino 12.245 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles y documentación incriminatoria.

Según informa la Policía Nacional, las mujeres eran captadas por una de las investigadas. El grupo criminal les ofrecía trabajos bien remunerados y, una vez aceptaban, les facilitaban los billetes de avión y algo dinero con la premisa de que se hiciesen pasar por turistas. Al llegar al Estado y tras recibir instrucciones para llegar a las ciudades donde han sido explotadas, les retiraban el pasaporte y les informaban de la supuesta deuda que tenían y que tenía que ser saldada ofreciendo servicios sexuales.

24 horas al día, 7 días a la semana

Las mujeres eran obligadas a estar disponibles las 24 horas del día, los siete días a la semana. No se podían negar a atender a los clientes y rotaban entre los pisos que tenía el entramado en las diferentes ubicaciones citadas. En esta dirección, la investigación desveló que eran agredidas físicamente cuando se negaban a trabajar. También eran obligadas a consumir drogas. La explotación no terminó cuando pagaron la deuda ya que, sin otra alternativa de subsistencia, ejercían la prostitución con un reparto del 50% del beneficio.

La red obligaba a las mujeres a abrir cuentas bancarias en su nombre, que luego utilizaban los miembros de la organización criminal para mover el dinero con la aparente intención de desvincularse de los beneficios de la explotación. Además, diez cuentas bancarias utilizadas por los delincuentes para canalizar los beneficios obtenidos de la explotación sexual fueron bloqueadas.