Los propietarios de las viviendas de los edificios calcinados el pasado jueves en el barrio valenciano de Campanar buscan que los inmuebles sean declarados zona catastrófica porque “es lo que es, una catástrofe”, lo que supondría recibir indemnizaciones mayores por los daños ocasionados.
A la espera de los informes técnicos que dictaminen si la finca está o no en ruina, por ahora sigue existiendo una comunidad de propietarios, que además mantiene la titularidad de los garajes, que “están intactos”, y del suelo donde se levantan los inmuebles afectados. Así lo explicó ayer domingo Rafael C. S., dueño de una de las viviendas en la que falleció su inquilina, E. S. G. “Supe que había fallecido porque no me llamó al día siguiente. Ojalá me hubiera llamado. Estoy destrozado, no puedo ni dormir por la noche”, lamentaba.
En su caso, al shock por la pérdida de su inquilina, en ese caso irreparable, se suma la de la propiedad, por la que sigue pagando una hipoteca, y el alquiler, que ha dejado de percibir. Por eso considera que la situación de los propietarios “es aún más grave” que la de los inquilinos, a los que este sábado “se les invitó a marcharse” de la junta que mantuvieron por la tarde en el hotel Valencia Palace para dirimir los próximos pasos a dar.
De ahí que los arrendatarios decidieran crear una asociación para canalizar sus demandas, tal y como explicó la portavoz, Nancy Kawham.
“Se les invitó a marcharse porque era una junta de propietarios y en ese momento no es que no pinten nada, es que tenemos que tomar decisiones. Todo es gravísimo pero su situación es menos grave porque van a recibir 1.500 euros de ayuda y dejan de pagar el alquiler, y habrán perdido ropa y muebles, que no es poco, pero eso lo pueden recuperar”, insistió Rafael.
Los operarios municipales continuaban aún ayer las tareas de limpieza y retirada de ceniza y residuos quemados y ramas que empezaron el sábado, y eran los únicos que rompían el silencio en una zona en la que todavía se percibía el olor a quemado en el ambiente. También los bomberos continúan su trabajo dentro del edificio, mientras la policía científica avanza en su investigación, bajo secreto de sumario, y el Instituto de Medicina Legal prosigue la identificación de los cuerpos.
Así las cosas, los propietarios, un total de 138 porque varios disponen de varias viviendas, también abogan por constituir su propia asociación para gestionar las reclamaciones, aunque eso “va a requerir meses”, apostillaba Rafael, que lamentaba que en estos momentos “la gente se mire el ombligo”. Con todo, cree que todos deben ahora “luchar” por la declaración de zona catastrófica porque eso supondría la intervención del Estado y, con ello, recibir unas indemnizaciones mayores. “No estamos pidiendo nada que no nos corresponda porque eso es lo que ha sido, una catástrofe”.
Para que se declare la finca en ruina, los técnicos deben constatar o bien que la reconstrucción no es posible o bien que esa reconstrucción afecta a más del 50% del valor del seguro del inmueble que, tal y como consta en la póliza, que asciende a 26.511.000 euros. En ese caso, si el valor de la reconstrucción superara los 13,2 millones, “se declara la ruina y se extingue la comunidad”, precisó Rafael.
En corto
Reubicación de afectados. El Ayuntamiento de Valencia subrayó ayer que se “intentará priorizar” en la reubicación de los afectados por el incendio a aquellas familias “con niños o con una especial situación”, y aseguró que se está realizando “un análisis de cada familia intentando llegar a todas las situaciones y necesidades que puedan tener”. A su vez, agregó que se trabaja para garantizar el regreso a los centros educativos de todos los niños afectados.