Bilbao - Juan Carlos Aguilar ha sido condenado a 38 años de cárcel -dos menos de los que pedía el fiscal- por asesinar con alevosía a Jenny Sofía Rebollo, colombiana de 40 años, y a Maureen Ada Otuya, nigeriana de 29 años, en mayo y junio de 2013, respectivamente. El juez y presidente de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Manuel Ayo, hizo pública ayer la sentencia en la que condena al falso shaolín a 19 años de cárcel por cada uno de los crímenes y no impone los 20 años máximos establecidos para penar cada uno de los asesinatos con alevosía al “tener en cuenta que el encausado no tenía antecedentes penales y admitió los hechos que se le imputaban”. Con esta sentencia, Juan Carlos Aguilar podrá obtener los beneficios penitenciaros sin aplicarle el artículo 78 -impide expresamente este privilegio-, algo que también solicitó José Miguel Fernández, abogado de la familia nigeriana.

No obstante, tal y como Manuel Ayo reconoció el pasado viernes tras dejar la decisión en manos del jurado popular, la sentencia también destaca que Juan Carlos Aguilar no se arrepintió de los dos crímenes con alevosía y subraya que los dos asesinatos fueron de “extraordinaria gravedad”.

Por su parte, José Miguel Fernández confesó sentirse “decepcionado” por el veredicto y estudia la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En este caso, deberá hacerlo dentro de los 10 siguientes días tras darse a conocer la sentencia.

“Para nosotros es una sentencia que nos ha decepcionado mucho. Sinceramente, nos esperábamos más contundencia”, explicó el abogado, quien añadió: “Creemos que debería recoger una sentencia más contundente porque los dos motivos que pone la sentencia no nos parecen de recibo. ¿Qué tiene que hacer alguien para que le caiga la máxima pena? Mató y descuartizó a Jenny, secuestró y estranguló a Ada. Con esa pena parece que hemos tenido compasión con él y le tenía que haber caído la máxima pena a efectos del reproche social”.

Por su parte, Maite Iturrate, letrada de la acusación popular representada por Clara Campoamor, añadió que “estoy decepcionada; en principio pensábamos añadir secuestro y ensañamiento y ahora podrá salir en 8 o 15 años por los beneficios penitenciarios”.