Etxebarri - La fiscal del caso del presunto acoso inmobiliario contra las ocupantes del primer piso del número 8 de la calle Lezama Leguizamon en Etxebarri considera que el mobbing está "suficientemente acreditado". Lo dijo ayer durante su alegato final en la última sesión de un juicio que quedó visto para sentencia. Para la acusación pública, todos los implicados en el proceso eran parte de un "plan estratégico" encaminado a satisfacer las demandas de los dueños del edificio. Tal y como relató ante la jueza, el comportamiento de los inquilinos de etnia gitana que entraron a vivir en abril de 2010 al segundo piso del inmueble "no es el resultado de unas malas relaciones vecinales". "Son en su conjunto un acto de hostigamiento contra las hermanas y contra su actividad laboral", dijo, en referencia al bar La Frontera, sito en el bajo del bloque, que era regentado por las hermanas demandantes y que permanece cerrado, según los testigos, después de que los ocupantes del segundo echaran a los clientes a base de "escupitajos e insultos".

Por lo expuesto, la fiscal solicita para los dueños del edificio así como para sus inquilinos una pena de dos años de prisión por un delito de coacciones y otros dos por un delito contra la integridad moral. Aunque ambas penas no son acumulables, la fiscal solicitó una indemnización para las hermanas Lujua de 5.000 euros. Mientras, el abogado de las etxebarritarras pidió para todos los acusados tres años por coacciones, dos por integridad moral y otros tres por lesiones, además de 12.000 euros como compensación.

Por el contrario, los cuatro letrados que conformaban la defensa de los implicados en el caso pidieron la libre absolución para sus clientes. Para el mayor de los acusados, el dueño del edificio (R. L.) porque "ha quedado probado que le cedió los poderes a su hijo para todo lo relacionado con el inmueble". Para eximir a este, (I. L.) su abogado se basó en la "duda razonable", ya que, según afirmó, el "hostigamiento" padecido por las vecinas no fue tal. Los problemas vividos formaron parte de "las relaciones tensas y de alto voltaje" que mantenían todos los ocupantes del bloque. Estas se producían porque en el mismo edificio residían "dos enfermos", comparando así al patriarca -actualmente en la cárcel- que padece diversos problemas relacionados con el alcohol y las drogas con la demandante, Beatriz Lujua, cuyo psiquiatra aseguró el miércoles que sufre "estrés postraumático crónico tras los hechos vividos durante los últimos años".

Los defensores de la familia gitana (D. F., S. S. y C. S.) consideran que "eran las hermanas Lujua quienes querían quedarse con el edificio entero" y, por ello, "no recibieron bien desde el primer día" a sus nuevos vecinos. La letrada del patriarca (C. S.), "con un amplio historial delictivo" alega que el hombre. "va por libre, no es una persona para convivir fácilmente" y "se comporta igual esté donde esté".