El juicio por acoso inmobiliario en Etxebarri prosigue mañana

Etxebarri - Las regentes del bar La Frontera de Etxebarri tendrán mañana la oportunidad de poner negro sobre blanco a la situación "insoportable" que han vivido durante años tanto en su negocio como en su hogar, construido sobre la taberna. Lo harán acusando de mobbing inmobiliario a los dueños del edificio en el que residen y mantienen abierto su negocio, así como a los inquilinos, de etnia gitana, que se asentaron sobre su vivienda haciéndoles la vida "imposible".

El Juzgado de lo Penal número 5 de Bilbao retomará mañana el juicio que enfrenta a las hermanas Lujua, las dos vecinas residentes en el inmueble número ocho de Lezama Legizamon, con los propietarios de este, I. L. y R. L., y la familia trasladada de la que están acusados el matrimonio, C. S. y D. F., así como la hija mayor de estos dos últimos, S. S..

El juicio se desarrollará hasta el jueves y por él pasarán a declarar además, personal técnico del Ayuntamiento de Basauri y excargos políticos de este Consistorio, como la anterior alcaldesa, Loly de Juan; el concejal de Urbanismo, Iñaki Martínez, y la que fuera directora del área de Política Territorial, Arantza Leturiondo. Además, están citados agentes de la Policía de Etxebarri.

El juicio tenía que haberse celebrado en octubre pero la precaria salud de una de las demandantes obligó a retrasarlo.

Los problemas de estas dos hermanas comenzaron en 2008 cuando uno de los acusados heredó el edificio donde residen con una renta antigua. Según recoge la causa abierta, el heredero, "actuando en nombre propio y en el de su padre", llegó "a un acuerdo" con la madre de una familia de etnia gitana residente en Basauri.

Al parecer, querían asentarles en el segundo piso del edificio "a cambio de que llevaran a cabo actos de hostigamiento hacia las hermanas, con el fin de que estas abandonaran la vivienda y el local". Esta familia recaló allí por voluntad propia cuando el Ayuntamiento de Basauri de entonces les ofreció una alternativa para vivir ya que su casa iba a ser demolida. En abril de 2010 entraron a la vivienda produciéndose desde entonces un reguero de denuncias por graves amenazas, injurias y agresiones que hizo temer a la policía municipal y Ertzaintza que se produjera "una desgracia de sangre".