El Gobierno Vasco reafirma su "compromiso" con la inclusión laboral de las personas con discapacidad
Defiende el "rigor jurídico" de Lanbide ante las declaraciones de excepcionalidad respecto a la ley de discapacidad
El vicelehandakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha reafirmado este viernes en el Parlamento Vasco "el compromiso real y efectivo" del Gobierno autonómico con la inclusión laboral, y ha recordado que en las ofertas de empleo público se reserva un cupo para personas con discapacidad que supera el mínimo legal.
Torres, que ha respondido en el pleno de control del Parlamento a una interpelación sobre el uso de las declaraciones de excepcionalidad en relación con el cumplimiento del Real Decreto de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad por parte de sociedades públicas, ha afirmado que Lanbide "actúa con rigor jurídico".
De esa forma, ha indicado que el Servicio Vasco de Empleo "garantiza que cada solicitud se ajusta a los requisitos establecidos y que, cuando procede, se acompaña de las medidas alternativas que exige la ley".
"Las solicitudes de declaración de excepcionalidad recibidas por Lanbide son atendidas siempre de acuerdo con la normativa vigente; y en esos casos, el Gobierno Vasco ha respondido siempre cumpliendo el mandato legal que establece el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social", ha explicado.
"NO BASTA" CON CUMPLIR LA LEY
En este sentido, ha asegurado que "no basta" con cumplir la ley, y que el Gobierno Vasco "debe ser vanguardia y referente para el conjunto de la sociedad". Torres ha insistido en que no se trata de "decisiones arbitrarias ni discrecionales, sino de la aplicación de un marco normativo que prevé, expresamente, supuestos de excepcionalidad".
El consejero ha subrayado el "papel activo" que desempeña el Gobierno Vasco, a través de Lanbide, con políticas activas "claras" dirigidas al sector privado, como las ayudas a la contratación, financiación para la adaptación de puestos de trabajo, y medidas de acompañamiento durante los primeros meses de incorporación.
A su vez, ha indicado que el sector público "no puede limitarse a cumplir formalmente la ley, sino que debe desarrollar sus propios mecanismos internos para avanzar en la inclusión laboral de personas con discapacidad".
El vicelehendakari segundo ha señalado que el cumplimiento estricto del marco legal y la valoración política y social del recurso reiterado a estas declaraciones son cuestiones "muy distintas".
"El objetivo de la norma no es otro que avanzar hacia una sociedad más inclusiva, en la que las personas con discapacidad participen plenamente en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad", ha manifestado.
En este sentido, ha advertido de que la excepcionalidad "no puede convertirse en una práctica habitual". Asimismo, ha destacado la necesidad de intensificar el trabajo de sensibilización, acompañamiento y transformación organizativa para que las empresas, incluidas las públicas, "incorporen de manera efectiva a personas con discapacidad en condiciones de igualdad". "No se trata sólo de cumplir un porcentaje; se trata de cambiar una cultura, de entender que la diversidad en las plantillas no es una carga, sino un valor", ha afirmado.
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