El Parlamento Vasco se da otro mes para negociar el euskera en las ofertas de empleo público

PNV y PSE apuran sus conversaciones para acordar una solución compartida sobre el euskera como requisito en el acceso a los puestos de trabajo de la administración pública. La fecha de referencia es el 8 de abril, el fin de plazo para registrar enmiendas en el Parlamento Vasco a la proposición de ley de los jeltzales. Los socios del Gobierno Vasco de coalición tienen por delante otro mes para tratar de registrar esas enmiendas de manera pactada y revertir así la fotografía del pasado mes de octubre, cuando el PSE votó en contra de la admisión a trámite de la iniciativa del PNV. En su redacción original, la propuesta jeltzale persigue reformar la Ley de Empleo Público en un solo artículo para dar autonomía a cada una de las instituciones y a cada ayuntamiento, y zanjar de ese modo la situación de incertidumbre jurídica que afrontan las OPE. El objetivo es que cada institución establezca el porcentaje de plazas con euskera en función de su realidad social, y poner fin a la lectura restrictiva que están realizando algunos tribunales sobre los índices generales de obligado cumplimiento. Se intenta poner freno a las sentencias que están tumbando los niveles de euskera en determinados puestos de policías municipales o cuidados, por ejemplo. 

El plazo del 8 de abril se ha fijado tras admitir dos solicitudes de prórroga. La primera la planteó el PP, y la segunda, que es la que actualmente está en vigor, la ha solicitado Sumar. No se puede descartar que haya una tercera prórroga ya que, cuando un grupo la pide, lo habitual es que la Mesa la conceda para facilitar la negociación. En cualquier caso, ni PNV ni PSE han pedido ninguna hasta ahora. Es decir, en sentido estricto, la prórroga no está motivada por su desacuerdo ni por una voluntad de alargar este asunto, aunque sí es cierto que este tiempo adicional los ha beneficiado a la hora de disponer de un margen mayor y dar oxígeno al diálogo. Ahora tienen otro mes por delante para negociar, para ambas partes podría ser un tiempo suficiente para clarificar la situación de manera definitiva, y ninguno de los dos partidos insinúa por ahora ninguna intención de solicitar una prórroga adicional, según las fuentes consultadas en sus grupos parlamentarios por Grupo Noticias. Las conversaciones siguen abiertas, los jeltzales aseguran que prácticamente todas las semanas hay una reunión o contacto en profundidad con el PSE para abordar esta cuestión, y los socialistas confirman que siguen “intercambiando propuestas”, aunque en su caso se ahorran los calificativos sobre la intensidad o frecuencia del diálogo. Este mismo plazo del 8 de abril afecta a la iniciativa que registró EH Bildu sobre el euskera en las OPE, aunque el PSE sí ha cerrado por completo a la puerta a cualquier acuerdo que tenga como base esa propuesta. EH Bildu plantea que se exija el conocimiento de euskera de manera generalizada y, a partir de ahí, se fijen las excepciones, una propuesta que no ha generado adhesiones entre otros grupos al considerar que da la vuelta al sistema de trabajo que ha operado durante décadas y que plantea una exigencia en negativo, basada en excepciones, que puede ser confusa a nivel judicial.

Puerta abierta

Lo que no revelan PNV y PSE es la fórmula exacta sobre la que están negociando. Hay un compromiso de discreción, y ninguna de las dos partes lo quiere vulnerar. Sí se puede constatar cierta evolución en las declaraciones públicas. En los primeros compases de este debate, el PSE negó que hubiera “razones de peso” para emprender siquiera una reforma porque no ve ninguna ofensiva judicial, y se ciñó al decreto aprobado por el Gobierno Vasco en la legislatura pasada. El PNV registró su propuesta por su cuenta al constatar que el diálogo que mantenían (al menos desde el 14 de mayo de 2025) no iba a dar más de sí. Y el PSE seguía sin ver margen para negociar porque el PNV puso sobre la mesa una reforma de un solo artículo. Pero los socialistas han sugerido después una posible vía intermedia, algún tipo de baremo o marco general que debería fijar el Gobierno Vasco, para que el Ejecutivo tenga algo que decir en esta cuestión y no quede exclusivamente en manos de los ayuntamientos. El PSE se ha negado a que desaparezcan los índices generales, pero ha abierto la puerta a reformular el concepto. Al mismo tiempo, ha reconocido, sin entrar en detalles, que el PNV tiene voluntad de reconducir este desencuentro.

En este recorrido, el PSE se ha enfrentado también a la presión sindical de CCOO y UGT, y quizás se podrían leer en ese contexto las declaraciones de Eneko Andueza en las que prioriza los derechos laborales frente a los derechos lingüísticos (el derecho de la ciudadanía a ser atendida por la administración en las dos lenguas oficiales). Su idea es acercarse más al decreto vigente. Tras aprobar la ley, tendría que concretarse en seis meses en una reforma del decreto. El plazo aparece en la propuesta registrada por el PNV, que se encargó de presentar en público Markel Olano. El portavoz del PSE en estos asuntos es Pau Blasi. Desde entonces, los jeltzales han realizado algunas declaraciones para manifestar su optimismo, y Andueza se ha mostrado algo más frío pero, sobre todo, ha deslizado que no deberían realizarse más declaraciones.