Un exalto cargo de Ayuso afirma que los protocolos para las residencias estaban ya fijados en el plan contra el covid
El exdirector de Coordinación Sociosanitaria declara que advirtió al Consejero de Sanidad sobre la “irrealizabilidad” de su medicalización
El exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, ha declarado este martes ante una jueza que los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales durante la pandemia estaban incluidos en el plan de acción frente al coronavirus.
Mur se refería al plan presentado por el exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el 12 de marzo de 2020, que "no es público", en su comparecencia como investigado, por videoconferencia, ante la titular del Juzgado de Primera Instancia número 37 de Madrid.
Solicitud de nuevas diligencias
La abogada de la acusación particular, Alejandra Jacinto, ha anunciado tras la declaración que solicitará nuevas diligencias para incorporar a la causa ese plan de acción del 12 de marzo, hasta ahora desconocido, "un plan que no es público, que ni los medios de comunicación tienen y, sin embargo, cuyos protocolos estaban ya incluidos".
Ayuso tilda de "plataforma de frustrados" a los familiares de las víctimas de las residencias durante la pandemia
Según la letrada, la inclusión de los protocolos confirmaría que tanto Antonio Burgueño, exasesor sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como el consejero Ruiz Escudero "estaban al tanto" de los **criterios de selección de pacientes".
Advertencias y responsabilidades
Durante su comparecencia desde Andorra, Mur aseguró que remitió un correo electrónico personal al consejero Ruiz Escudero el 20 de marzo para advertirle de que la medicalización de las residencias era "irrealizable".
En su declaración, insistió en que firmó los protocolos por "toda la situación tan dramática que había", aunque mostró su disconformidad con unos criterios que podían dar lugar a errores de interpretación o discriminación.
Mur señaló con nombres y apellidos a una doctora del Hospital Gregorio Marañón como redactora de los protocolos y a una segunda facultativa encargada de su revisión final y validación, aunque luego esos documentos se modificaron porque podían resultar "discriminatorios".
Asimismo, atribuyó a Javier Martínez Peromingo, otro exaltos cargos del gobierno de Ayuso investigado, la autoría del protocolo clínico y la coordinación de los geriatras de enlace, labor que calificó de "encomiable".
Sobre la falta de derivaciones a la sanidad privada bajo el mando único sanitario, Mur declaró que no tiene información. También habían sido citados a declarar Martínez Peromingo, Pablo Busca y una geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal, aunque sus declaraciones se han suspendido y serán reprogramadas tras localizar sus domicilios.
El Juzgado investiga una querella por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a una residente del centro público del barrio madrileño de Manoteras en la primavera de 2020. Entre las próximas diligencias, la acusación particular solicitará la citación del consejero Ruiz Escudero, así como de las dos médicas que Carlos Mur señaló como redactoras de los protocolos.
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