La fiscal Concepción Sabadell ha rebajado en el último juicio del caso Gürtel sus peticiones de pena para 22 de los 25 acusados, a veinte de ellos por haber confesado los hechos, entre ellos el líder de la trama corrupta relacionada con el PP, el empresario Francisco Correa.

La Audiencia Nacional ha celebrado este martes el duodécimo y último juicio del caso, en el que se enjuicia la pieza principal, en la que se han investigado delitos contra hacienda y de blanqueo de capitales logrados por el entramado a través de sobornos a cargos del PP en ayuntamientos y comunidades autónomas para conseguir adjudicaciones de contratos entre 1998 y 2009.

Peticiones de penas

En sus conclusiones definitivas la fiscal ha rebajado su petición de pena para Correa de 77 años a 16 años y nueve meses de prisión y para el número 2 de la trama, el exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, de 77 años a 32 años y ocho meses.

Ha aclarado que no les aplica para una rebaja mayor porque, aunque llevan muchos juicios confesando los hechos, en este último no han reconocido todos al tratar de excluir a algunos acusados por sus relaciones personales con ellos.

Para los otros 18 acusados que confesaron los hechos ha pedido penas que oscilan entre un mes y los ocho años y medio que reclama para el considerado 'contable' del entramado societario de Gürtel, José Luis Izquierdo, cuando antes pedía para él 74 años.

La fiscal ha mantenido su acusación para los cinco procesados que han pedido su absolución al no reconocer los hechos, para los que pide penas de dos a nueve años de prisión por su colaboración para ocultar y blanquear el dinero obtenido por Correa de su actividad ilícita en sociedades que ponía a nombre de testaferros.

La fiscal ha explicado que uno de estos testaferros es el acusado Antoine S., primo de Correa, para el que ha mantenido su petición de tres años de prisión.

Acusaciones

La abogada del Estado, en representación de Hacienda, y la letrada de las acusaciones ejercidas por PSOE y Asociación de Abogados Demócratas por Europa se han adherido a la Fiscalía, aunque la segunda estima que el que fuera asesor fiscal de Correa, José Ramón Blanco Balín, debe ser condenado también por asociación ilícita al igual que lo fueron los principales acusados en juicios anteriores.

Según la Fiscalía, Correa percibió más de 31 millones de euros por su intermediación en la concesión de adjudicaciones públicas irregulares que ocultó a través de una compleja estructura societaria y financiera en paraísos fiscales.

Y mantiene que esta ocultación supuso que defraudara a la Hacienda española más de 24.800.000 euros en concepto de los impuestos sobre la renta y de patrimonio de los años 2000 a 2007, así como algo más de 2.600.000 por el de sociedades e IVA por los ingresos que obtuvieron sus empresas de eventos y viajes de contratos con administraciones gobernadas por el PP, para los que usó una caja B.

En su informe, la fiscal Concepción Sabadell ha destacado que Correa no presentó ninguna declaración tributaria desde 1998 por lo que "era inexistente para la Agencia Tributaria".

Y ha comentado que Correa "se jactaba de la obtención de comisiones ilegales y de realizar grandes pagos a políticos que se prestaban" a su actividad corrupta.

Además se ha opuesto a la alegación de varias defensas de que se debe aplicar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas ya que se trata de una causa muy compleja que tuvo que ser dividida en múltiples piezas y que ha requerido la celebración de doce juicios desde 2011.

Tras años en prisión la situación de los principales condenados se ha flexibilizado, entre ellos la de Correa y Crespo, que disfrutan desde hace tiempo del tercer grado, tras cumplir la mitad de su condena.

En concreto Correa se encuentra en semilibertad tras cumplir 10 años en prisión y permitió en su día el desbloqueo de sus cuentas en Suiza para repatriar 20,7 millones de euros destinados a reparar el daño causado y la responsabilidad civil, lo que también ha tenido en cuenta la fiscal.