Ubarretxena aspira a la mayor capacidad de gestión posible en los tres aeropuertos

La negociación con el Estado para encontrar una fórmula de cogestión de los aeropuertos vascos va a despegar el miércoles de la semana que viene en Madrid. Y es probable que en este viaje surjan turbulencias, como ya sucedió con la transferencia del primer paquete de las prestaciones de la Seguridad Social, otra materia que durante años fue intocable y sobre la que, a pesar de todo, se han alcanzado los primeros acuerdos. La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, asistirá el miércoles a la reunión constitutiva de la subcomisión negociadora entre el Gobierno español y la comunidad autónoma, compuesta por cinco personas a cada lado de la mesa, y trabajará con un rumbo fijo, según las fuentes consultadas por Grupo Noticias: la intención del Ejecutivo vasco es “tener la mayor capacidad de gestión posible” de los tres aeropuertos de la comunidad autónoma, los de Loiu, Foronda y Hondarribia. Para ello, el Gobierno vasco va a contar con expertos que van a actuar como GPS en estas conversaciones: tendrá un grupo asesor para este proceso de negociación. Según las mismas fuentes, las tres sociedades de promoción de los aeropuertos nombrarán a dos representantes cada una (son Bilbao Air en Loiu, VIA en Foronda y Ortzibia en Hondarribia). Se trata de apoyarse en su conocimiento del negocio y la operativa de los vuelos.

En esta negociación confluyen dos dificultades. Por un lado, la Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general, como es el caso de los vascos. Pero el Estatuto de Gernika también concede competencias a la comunidad autónoma vasca, incluso en las infraestructuras de interés general, y lo hace contemplando la posibilidad de que la comunidad autónoma ejecute la legislación básica del Estado y realice tareas de gestión. Además, hay un terreno para la interpretación en aquello que no afecte a la soberanía del Estado y sus fronteras, como sucede con los servicios comerciales, donde los letrados del Gobierno vasco ya identificaron hace años que hay margen para una mayor gestión autonómica. Pero, por otro lado, el proceso de privatización de los aeropuertos añade complejidad y singularidades a este proceso. Los aeropuertos los gestiona la sociedad Aena, donde el Estado retiene el 51% de la propiedad, pero el 49% cotiza en Bolsa. Lo que pretende la consejera es que el Gobierno vasco entre como accionista, lograr la mayor capacidad de gestión y decisión posible sobre las inversiones y sobre cuestiones como los slots, es decir, los permisos a las aerolíneas para que puedan aterrizar o despegar en las pistas en unas horas determinadas. 

¿Cómo se va a concretar? Por ahora, la consejera solo ha lanzado en público algunas ideas a modo de ejemplo, sin que constituyan una propuesta oficial, como ocurrió cuando planteó hacerse con el 49% de las acciones. Esa cifra supondría que la parte vasca no fuera accionista mayoritaria. La única propuesta por escrito que se conoce data de 2024 y se registró en el Congreso de los Diputados, donde el PNV, a nivel de partido, planteó crear una filial vasca. Por ahora, el Gobierno vasco no quiere definir oficialmente cuál es la vía. Las fuentes consultadas añaden que buscarán fórmulas jurídicas, una “fórmula de negocio” que permita cumplir los objetivos de este diálogo. Aena ya cuenta con filiales en el aeropuerto de Lutton en Londres o en varios aeródromos mexicanos. 

Posición del Estado

Esta negociación ha arrancado con la clásica toma de posiciones por parte del Estado para marcar terreno. En una información publicada por El Diario Vasco, más allá de que sus fuentes entren en un debate nominal y descarten la transferencia en sentido estricto, sí tratan de reducir el papel del Gobierno vasco a dar su opinión y no tanto a decidir. Que el Gobierno vasco solo opine choca con la idea de las fórmulas de cogestión que se están buscando. Grupo Noticias se puso en contacto con el Ministerio de Política Territorial, que dijo desconocer de dónde procede la información.

Se entra de nuevo en el ritual propio de las negociaciones, más aún si lo que está en juego son los aeropuertos. Pero puede ayudar a aportar algo de contexto recordar de dónde se viene: hasta hace unas semanas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, daba largas y arrastraba los pies con esta cuestión con el argumento de que los aeropuertos son de interés general, “la ley es la que es y no va a ser fácil cambiarla”. Sin embargo, este mes, en una respuesta al senador de la Agrupación Herreña Independiente, Aniceto Armas, Puente se abría a estudiar “fórmulas que mejoren la cogestión del conjunto de los aeropuertos”. Este melón también lo quieren abrir Catalunya y Canarias. Y el presidente español, Pedro Sánchez, tiene un acuerdo de investidura con el PNV que lo compromete a cumplir el Estatuto de Gernika este año.

Fórmulas para la gestión

Las fórmulas para que la comunidad autónoma tenga una mayor participación las va a decidir la subcomisión que se acordó en julio con el Estado, y que tiene el cometido de alumbrar en cuatro meses como máximo la vía para que las instituciones vascas coparticipen en la toma de decisiones sobre las inversiones y las rutas. El portal jurídico del Gobierno vasco, Legegunea, sigue recogiendo unas fichas que establecen que la participación vasca “puede mejorarse en el marco actual, y ello sin perjuicio de explorar otras vías que permitirían una mayor gestión autonómica, como la creación por Aena de una sociedad filial con participación de la CAPV para la gestión de los aeropuertos vascos o, incluso otras fórmulas de colaboración que ahonden en esta vía (encomienda de gestión, concesión, convenios, consorcios…)”.