"Si lo que viene es una extrema derecha hay que contraponerle un proyecto plurinacional"

Durante el pleno de política general PNV y EH Bildu coincidieron en la necesidad de acordar el nuevo estatus ante los “tiempos oscuros” que pueden llegar, pero al mismo tiempo se exhibió una falta de confianza entre ambas formaciones. ¿Cómo se puede superar dicha desconfianza?

—Todos podemos tener motivos para la desconfianza pero si el diagnóstico es el que hizo el lehendakari, ante el acuse de recibo que recibió por parte de EH Bildu, que fue que vamos a estar dispuestos a colaborar con el Gobierno sin límites, la respuesta no puede ser “es que igual no confío en ti”.

El PSE advirtió en el transcurso del debate que el derecho a decidir es una línea roja. ¿Puede ello suponer un escollo insalvable?

—Debemos ser conscientes de cuál es la relación de fuerzas en el Parlamento, donde hay 55 parlamentarios que reconocen el derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Todos deberíamos tener más respeto a la voluntad popular de la sociedad vasca expresada en las urnas. Y no es buena política poner líneas rojas en público cuando se está negociando. En este debate tampoco hay líneas rojas. Todos los elementos que conciernen a un nuevo estatus político tienen que estar encima de la mesa y tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos entre diferentes tradiciones políticas.

En anteriores legislaturas en el Parlamento Vasco se realizó mucho trabajo previo sobre el nuevo estatus. ¿Hasta qué punto hay camino recorrido?

—Pues fíjese, desde el año 2004 en que el lehendakari Ibarretxe plantea lo que se llamó el plan Ibarretxe han pasado más de 20 años. Por tanto, sabemos de lo que estamos hablando, de qué posiciones venimos, cómo interpreta la tradición política la cuestión de la soberanía en este país. Hemos coincidido en muchas negociaciones previas en el Parlamento y también están las conversaciones de Loiola. El trabajo previo es enorme, lo que falta es pasarlo a limpio y llevar este debate a su fase resolutiva.

Los plazos son además cortos, nueve meses hasta el final del curso político el próximo junio.

—El lehendakari interpeló a los partidos políticos, lo que tampoco corresponde es que después se diga que nos va a llamar a una ronda de contactos dentro de nueve meses. Nosotros le otorgamos esa responsabilidad como primera figura institucional de esta parte del país, también tiene que ejercer un liderazgo en este debate si entendemos que es crucial ante la urgencia de una posible emergencia de la extrema derecha en España.

¿Ya están hablando de forma discreta con el resto de fuerzas políticas sobre esta cuestión?

—Todos hemos reconocido ya públicamente que se están produciendo conversaciones. A partir de ahí, nuestra cultura política consiste en trabajar mucho y sacar poco ruido. Si somos conscientes de que estamos ante una ventana de oportunidad –y el propio lehendakari utilizó este término por primera vez–, que no sabemos cuánto se puede mantener abierta, eso es lo que toca.

¿Cuentan ya con nuevo interlocutor con Moncloa sobre el autogobierno tras la salida de Santos Cerdán del tablero de juego?

—Las interlocuciones nunca se interrumpen. No es que esto dependiera de un solo interlocutor, y por parte de la izquierda independentista siempre lo ha tenido con el PSOE, en todas las fases históricas y en todas las circunstancias. Ha habido un parón en la negociación del nuevo estatus político por dos motivos sabidos, la crisis del PSOE y los cambios a raíz del congreso del PNV. Pero los trabajos ya se han retomado.

Se habla de la posible llegada del PP y Vox a Moncloa. Pero, ¿hasta qué punto puede afectar a los partidos su posicionamiento sobre Gaza? ¿Cree que les puede pasar factura a esas formaciones?

—No lo sé, dependerá de la evolución del genocidio y de la posición que adopte cada partido ante la situación de Gaza. Nos enorgullecemos de la solidaridad que ha mostrado este país ante un genocidio y del hecho de no resignarnos a adoptar una posición pasiva. Esto no se puede emplear con fines partidistas, lo que no es lo mismo que decir que haya que despolitizarlo. De hecho, hay fuerzas en el Parlamento Vasco que niegan que exista un genocidio. Por supuesto, los partidos se tienen que posicionar claramente, y como ha dicho la ONU, el momento es de actuar y de tomar decisiones políticas, legales y económicas para frenar el genocidio en Gaza.

El PP está tratando de deslegitimar las protestas ciudadanas durante la Vuelta sacando a colación la kale borroka o el yihadismo.

—Es que el PP niega que exista un genocidio en Gaza. Pero la inmensa mayoría de la sociedad vasca es muy consciente de lo que está sucediendo en Palestina y quién está del lado correcto de la historia y quién está justificando un genocidio. La pregunta es, ¿se pueden pactar unos presupuestos en cualquier institución vasca con quienes niegan que existe un genocidio en Gaza hoy? 

El lehendakari tendió el jueves la mano a EH Bildu y el PP para lograr acuerdos, al tiempo que descartó a Sumar y Vox, con los que admitió que no hay conexión. ¿Se sienten cómodos con estos compañeros de viaje?

—Creo que el lehendakari fue incongruente por la tarde con el discurso que hizo por la mañana. Porque si vienen “tiempos oscuros” y de forma solemne en el Parlamento, ante los grupos y la sociedad vasca, decimos que un gobierno de extrema derecha conformado por PP y Vox en España supone una amenaza casi existencial para la nación vasca, es absolutamente incoherente decir a la tarde que estás abierto a pactos con ese PP que es quien va a liderar los “tiempos oscuros”.

¿Qué le parecen los pasos que está adoptando Pedro Sánchez sobre Gaza, con el anunciado embargo de armas a Israel y la salida de España de Eurovisión?

—Seguramente son medidas bien encaminadas que llegan tarde después de 60.000 muertos en Gaza. Dicho eso, creo que el Gobierno español está adoptando una posición bastante contundente en comparación con otros gobiernos y, sobre todo, con la Unión Europea, que está actuando de forma absolutamente pasiva ante el genocidio.

Más allá de lo que pueda suceder a futuro, ¿aprecian una tentación recentralizadora del actual Ejecutivo aprovechando crisis como la de los incendios este verano?

—Siempre hay esa tentación, es una constante de la historia moderna del Estado español. De hecho, se ha producido un proceso de involución por parte del Estado vías leyes básicas y doctrina del Tribunal Constitucional que ha sido constante en los últimos 46 años. Hasta llegar a esta situación en la que tenemos un autogobierno erosionado e incumplido. El debate en torno al estatus político es un debate nacional vasco pero también es estatal porque si lo que viene es una extrema derecha con un proyecto recentralizador e involucionista, hay que contraponerle necesariamente un proyecto progresista plurinacional.

El proceso de transferencias de las competencias a Euskadi sigue su curso. ¿Qué peso tiene en su relación con el Gobierno español? El PNV les acusó de no condicionar sus apoyos a Moncloa a completar el Estatuto de Gernika.

—Nosotros en el momento de la investidura no hicimos público el acuerdo alcanzado con el PSOE para dar nuestro apoyo a Pedro Sánchez. Y eso también fue motivo de crítica por parte del PNV, que nos achacó que le dábamos carta blanca o que habíamos permitido nuestro apoyo gratis. Pero forma parte de un estilo de negociar y de propiciar acuerdos, no siempre decir cosas en público es la mejor opción. De hecho, el PNV pactó el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika para final de año y no se va a cumplir.

Tras su reunión con Imanol Pradales el 9 de septiembre abogó por el pacto pero acotado a cinco materias –nuevo estatus, euskera, educación, transición energética y modernización de la administración–. ¿El resto de asuntos son insalvables ahora mismo?

—Es evidente que hay temas en los que no estamos de acuerdo y no pasa nada, es democrático y para eso existen elecciones. Tener desacuerdos puntuales no puede impedir que existan acuerdos parciales en esos temas. Luego hay temas donde entendemos que el ámbito de acuerdo es muy evidente, cuestiones que afectan al país y que requieren necesariamente de llegar a un espacio de consenso entre diferentes tradiciones políticas. Ahora, si los partidos del Gobierno con mayoría absoluta interpelan a EH Bildu para alcanzar pactos de país tienen que ser conscientes de que lo que no pueden pedir es que nos adhiramos a su programa, es mucho más que eso. 

¿El Pacto de Salud es un ejemplo de esos acuerdos parciales?

—Sí, porque de 24 ponencias en 11 estuvimos de acuerdo, lo que es relevante. Chocamos en un nudo gordiano, el eje público-privado, y no fue solo con EH Bildu: en la Mesa de Salud hoy no hay ni un solo representante de los trabajadores de Osakidetza. En la última fase del proceso se priorizó la foto del pacto a trabajar los temas de la forma que requerían. Hicimos una propuesta pero no hubo ni tiempo ni espacio para un debate sosegado. Dicho eso, no creo que el proceso fuese un fracaso, y si la predisposición del Gobierno es seguir trabajando sobre estos temas igual podemos acercar posturas en el futuro.

Sobre vivienda parece que las diferencias son insalvables, aunque con los 107 ayuntamientos que gobiernan podrían tener voz.

—No conozco a ningún alcalde que no tenga interés en que haya más vivienda pública en su municipio. Tenemos una diferencia de opinión muy importante porque si estamos en una emergencia habitacional es consecuencia de unas políticas que se han hecho hasta hoy. La Ley de Vivienda vasca se aprueba en 2015 y no hay desarrollo reglamentario de la misma hasta 2021.