El novio de Ayuso, al banquillo por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal

Una jueza de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y servirse de una trama de facturas falsas.

En un auto fechado este lunes y al que ha tenido acceso EFE, la jueza que está en funciones de sustitución en el Juzgado de Instrucción número 19, Carmen Rodríguez Medel, acuerda la apertura de juicio y "tiene por formulada la acusación" por cuatro delitos, dos más de los que determinó la anterior titular de juzgado, María Inmaculada Iglesias, al procesar al González Amador (fraude a Hacienda y falsedad).

Además de González Amador, la magistrada Rodríguez Medel -que se encarga del juzgado desde agosto, y lo hará hasta que se incorpore su nuevo titular en octubre- ha decidido sentar en el banquillo a otros cuatro empresarios, todos ellos por los mismos delitos de los que se acusa a la pareja de Díaz Ayuso.

En este caso, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han pedido condenar a González Amador como autor y a cuatro empresarios como cooperadores necesarios por delitos contra la Hacienda pública en concurso con falsedad en documento mercantil.

Son las acusaciones populares, ejercidas por Más Madrid y el PSOE, las que han solicitado condenarles, además, por el delito continuado contable y por pertenencia a grupo criminal.

La jueza, en su argumentación sobre la apertura del juicio oral, se remite a los fundamentos planteados recientemente por el juez del Supremo Ángel Hurtado en el auto en el que abrió juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos precisamente por publicar datos sobre este proceso a González Amador.

Pena de banquillo

Al enumerar esos fundamentos recuerda que "el auto que acuerda la apertura del juicio oral sólo sirve para permitir que el procedimiento siga adelante" y "su finalidad es valorar la consistencia de la acusación con el fin de impedir imputaciones infundadas y con ello la llamada 'pena de banquillo'".

Y concluye que, de conformidad con esa doctrina del Supremo, "el auto de apertura de juicio oral es una resolución que sirve para que el procedimiento avance, todo ello con base en los hechos recogidos en los tres escritos de acusación presentados que, por otra parte, en el presente caso van en consonancia con el auto de procedimiento abreviado dictado en fecha 28 de mayo de 2025".

Así, abre juicio oral contra Alberto González Amador por dos delitos contra la Hacienda Pública en relación al impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, en concurso con sendos delitos de falsedad en documento mercantil cometido por particular; por delito continuado contable del artículo 310 del Código Penal y delito de pertenencia a grupo criminal del 570.

Los mismos delitos atribuye a los cuatro empresarios encausados: Maximiliano Niederer González, David Herrera Lobato, Agustín Carrillo Saborido y José Miguel Carrilo Saborido.

La magistrada declara que el órgano competente para juzgar al novio de Ayuso y a sus presuntos cooperadores son los juzgados de lo Penal de Madrid.

En su auto, la jueza recuerda que, ante el futuro juicio, la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para González Amador, junto a multas de 624.402 euros y 488.927 euros, respectivamente mientras que PSOE y Más Madrid solicitaron cinco años de prisión y una multa de 9 meses a razón de 100 euros diarios que suma 27.000 euros.

Para uno de los empresarios, la Fiscalía pide tres años y medio de prisión y para los otros tres dos años de cárcel, mientras que la Abogacía pide dos años de prisión para todos ellos y la acusación popular eleva la pena hasta los tres años y cuatro meses.

Por su parte, la defensa de González Amador recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid el procesamiento de este empresario, con el argumento de que la jueza de instrucción no ha permitido practicar ni una sola diligencia solicitada en tiempo y forma por esta parte y que ello "constituye la eliminación definitiva de sus derechos fundamentales".

La apertura de juicio oral ha llegado después de que en una providencia la magistrada Carmen Rodríguez Medel haya rechazado dejar en suspenso la causa abierta contra González Amador hasta que la Audiencia Provincial resuelva su recurso contra el procesamiento.