La lista de desencuentros entre el PNV y el PP no deja de crecer y ha elevado la tensión a los niveles más altos que se recuerdan desde la moción de censura contra Mariano Rajoy. La herida se ha infectado en cuestión de un mes, y coincide en el tiempo con el empeño del PP en propagar un aroma preelectoral en el Estado español. En este corto periodo, se han acumulado sus maniobras diplomáticas para obstaculizar el reconocimiento del euskera en la Unión Europea y para forzar la aplicación de una reforma electoral que dejaría al PNV fuera de la Eurocámara, se han sucedido los recursos de inconstitucionalidad contra el traspaso de competencias, y se ha producido el encargo al Tribunal de Cuentas para que fiscalice si la restitución al PNV de la sede del Gobierno vasco en el exilio supone un caso de financiación irregular. Todo ello, acompañado por el endurecimiento del discurso en suelo vasco, donde Javier de Andrés vuelve a agitar la bandera del fraude en la RGI, cuestiona la integración laboral de los migrantes, acusa al lehendakari Pradales de “hacer el trabajo sucio” al presidente Sánchez, y acaba de deslizar sin pruebas que el PNV ha dispensado un “trato de favor” en materia fiscal al empresario relacionado con la supuesta fontanera socialista, Leire Díez.
De Andrés puso este viernes la puntilla a la relación en una rueda de prensa con Raquel González, donde quiso sembrar la sospecha con insinuaciones vagas y sin pruebas. Su partido ha registrado una pregunta a la diputada foral de Hacienda de Bizkaia para que explique el aplazamiento de la deuda de 225 millones de las empresas del empresario Alejandro Hamlyn hasta el año 2030. Según han publicado distintos medios, Leire Díez le pidió a Hamlyn información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO que investiga casos delicados para los socialistas como el que afecta a la mujer del presidente español, y Díez le habría ofrecido a cambio su “influencia” en la Diputación de Bizkaia para sacarlo de algún apuro fiscal. De Andrés da por bueno que la supuesta fontanera socialista decía la verdad cuando aseguraba tener “influencia” sobre la Diputación y que podía conseguir reuniones con Andoni Ortuzar y Aitor Esteban. “Huele a trato de favor”, aventuró, sumando a su tesis que no es “frecuente” aplazar la deuda a una empresa sometida “a juicio por estafa”.
Fuentes del EBB del PNV reaccionaron con una nota a sus “graves acusaciones”, para las que el PP “no tiene ninguna prueba, y que se basan en afirmaciones como huele a..., igual es que..., o me da la sensación...”. “Resulta de extrema gravedad generar la sombra de la duda sobre una institución ejemplar como la Diputación foral de Bizkaia y sobre un partido como EAJ-PNV. No todo vale bajo el objetivo último de hacer daño al PNV. El PP debe reflexionar sobre esta forma de hacer política y, sobre todo, debe rectificar”, avisaron, para añadir que han mostrado “la peor cara de la política”, la que solo quiere embarrar y que hasta ahora no era propia de la política vasca.
A por las elecciones
El PP redobla la ofensiva en un momento en el que intenta instalar una sensación de cierre de ciclo y clima preelectoral en el Estado español. Aprovechando la insatisfacción de los aliados de Sánchez con las explicaciones sobre las acusaciones de corrupción, ha convocado una concentración en Madrid el 8 de junio para agitar las aguas. Mientras tanto, prepara el congreso de julio que cree que le va a servir como plataforma de relanzamiento para reagrupar el voto de la derecha, y eso lo tiene que hacer a costa de Vox, con quien compite de esta manera exhibiendo su perfil más centralista y beligerante con los nacionalistas vascos y catalanes. Pan para hoy y hambre para mañana, si se tiene en cuenta que, tras unas nuevas elecciones, es muy probable que Feijóo necesite al PNV para gobernar y él mismo ha dinamitado la confianza. De todos modos, la alianza es imposible porque en esa operación necesitaría a Vox, y el PNV ha trazado un cordón sanitario en torno a la ultraderecha.
Esta última traca de desencuentros comenzó a finales de abril, cuando se conoció que el Tribunal Constitucional había admitido a trámite el enésimo recurso del PP contra la transferencia de los interventores y secretarios municipales a la comunidad autónoma vasca, esta vez, contra la disposición incluida en la Ley de Eficiencia de la Justicia.
Poco después, a principios de mayo, el PP utilizaba su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una moción, que no tiene consecuencias prácticas, pero que acredita su ofensiva para derogar los cambios introducidos por el PNV en la Ley del Deporte e impedir la oficialidad de las selecciones vascas de pelota y surf en competiciones internacionales. No ha logrado impedir un logro histórico, que la Euskal Selekzioa de pelota pueda debutar en las próximas horas en la Liga de Naciones.
El PP ha utilizado también su mayoría con la ultraderecha en las comisiones del Parlamento Europeo para organizar una misión al Estado español y obligar a Pedro Sánchez a aplicar la reforma electoral europea de 2018. Quiere que desemboque en un informe de conclusiones o algún tipo de pronunciamiento de la Comisión Europea para que sea necesario obtener entre el 2% y el 5% de voto en todo el territorio estatal para sacar un escaño. Lo que no dice el PP es que Europa no obliga a tener una circunscripción única como la que tiene el Estado español en las europeas, en lugar de tener una vasca. Algunas fuentes expertas en la materia descartan que la controversia tenga mayor recorrido porque la legislación electoral se considera parte del cuerpo legal originario de los estados, y ahí no va a entrar Europa.
Feijóo, además, ha maniobrado contra el reconocimiento de la oficialidad del euskera en la Unión Europea aprovechando su interlocución con gobiernos de la derecha como el de Italia. Aunque el PP considera que es una lectura “aldeana”, algunos gobiernos han trasladado que uno de sus temores es precisamente que haya un cambio de gobierno que desbanque al PSOE y no se mantenga el compromiso de sufragar el gasto de traducción del euskera, catalán y gallego desde el Estado español. Por otro lado, el PP ha utilizado su mayoría con Vox en la Comisión Mixta Congreso-Senado para pedir al Tribunal de Cuentas que fiscalice la “restitución” al PNV de la sede de París que incautaron primero el nazismo y después el franquismo. Se ha interpretado este movimiento como un intento de compensar que el PP, pese a las alharacas, terminó votando a favor del decreto ómnibus que incluía la devolución.
