El PP y la ultraderecha siguen aprovechando su mayoría en las comisiones del Parlamento Europeo para impulsar declaraciones y misiones de observación al Estado español que tienen como objetivo dar visibilidad a sus planteamientos ideológicos o, en algunos casos, también presentar al Gobierno de Pedro Sánchez como un rehén de sus socios nacionalistas vascos y catalanes. Sucedió con la misión para denunciar la no aplicación de la sentencia sobre el uso del castellano en las escuelas catalanas, o la investigación de los atentados de ETA sin esclarecer, y ahora vuelven a hacerlo para criticar que el Estado español no haya aplicado la reforma electoral europea de 2018 que complica aún más la presencia de los partidos nacionalistas vascos y catalanes en la Eurocámara. Esa reforma instaba a los estados a levantar una barrera de entre el 2% y el 5% de los votos como requisito para obtener representación en el Parlamento Europeo. El Estado español, compuesto por nacionalidades históricas como la vasca, la catalana o la gallega, es el único que no ha aprobado esta reforma en el Congreso de los Diputados. Los socialistas creen que esa modificación impide “la representación de toda España” y expulsaría del Europarlamento a los votantes de partidos como el PNV y Junts, que tienen una fuerte implantación en sus comunidades autónomas. Por tanto, creen que la reforma agravaría el problema de desafección ciudadana y lejanía del proyecto europeo que ya arrastran desde hace años las instituciones comunitarias. Aunque formen parte de la misión parlamentarios socialistas, aplicar la reforma es un empeño del PP y la misión se realiza a propuesta de los populares.
De hecho, fuentes socialistas explican a Grupo Noticias que la exlíder del PSE, Idoia Mendia, integrante de esta delegación, defiende un planteamiento basado en la idea del doble umbral. Los socialistas quieren que se reconozca el sistema de dobles mayorías que ya se visualiza en la práctica en el Estado, donde algunas comunidades autónomas votan en clave nacionalista. Por un lado, el PSOE defiende que se cumpla el umbral del 2-5% de la reforma europea a nivel estatal, y es probable que se haga optando por la cifra más baja, el 2%, para garantizar la pluralidad también en el espectro de los partidos estatales minoritarios. Por otro lado, plantea que se reconozca una excepción en aquellas comunidades autónomas donde se registre de manera continuada un porcentaje elevado de voto hacia otros partidos, hacia sensibilidades nacionalistas, para garantizar de ese modo que esa población no quede excluida y para que se sienta representada por las instituciones europeas.
No se ha concretado qué porcentaje sería considerado elevado o representativo aunque, de manera extraoficial, en ámbitos académicos se ha hablado de obtener una horquilla entre el 20% y el 30% en las comunidades autónomas. En el caso vasco, PNV y EH Bildu representan el 72% del Parlamento Vasco, y no se quiere hacer un movimiento que hurte la representación de un porcentaje tan elevado de población.
Acuerdo con el PNV
Lo que proponen los socialistas es alcanzar un nuevo acuerdo en Europa, en el seno del Consejo, para alumbrar una nueva reforma electoral que suscite consenso y adhesión ciudadana, que resuelva un problema y no contribuya a empeorarlo. Mientras tanto, la reforma de 2018 sigue sin aplicarse en el Estado español, que no la ha ratificado. Pedro Sánchez firmó en noviembre de 2023 un pacto de investidura con el PNV que establecía en su punto número seis que el PSOE “se compromete a no impulsar ninguna modificación de la Loreg y, en caso de extraordinaria necesidad, lo hará con el acuerdo previo con EAJ-PNV”. Pero, más allá de los compromisos con sus socios y sin elucubrar si lo hace por necesidad o por convencimiento personal, el presidente español está tratando de proyectar una apuesta por la periferia que va en sentido contrario a una reforma electoral para dejar fuera a PNV y Junts o dificultar su representación a EH Bildu y ERC. En ese sentido, siguen adelante las gestiones para el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas de uso oficial en el Europarlamento; y el Ministerio de Hacienda viene de firmar un acuerdo con el consejero D’Anjou para ampliar la presencia de las haciendas forales en el Ecofin o la OCDE. Sería paradójico que, al mismo tiempo, se legislara para dejar al PNV fuera del Parlamento de la Unión Europea. Y no parece que sea esa la intención, a juzgar por el planteamiento socialista.
La misión del Europarlamento
Desde este lunes y hasta este martes, cuando está previsto una rueda de prensa en el Congreso y varias reuniones con portavoces de los partidos, un total de nueve eurodiputados está evaluando los obstáculos para transponer la reforma electoral europea. Son integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales, que está presidida por el propio PP europeo. Su líder, que a su vez encabeza esta misión, es el alemán Sven Simon; que ha llegado acompañado por otros compañeros del PP como Loránt Vincze, Ana Miguel Pedros, Adrián Vázquez y Borja Giménez. Por parte de los socialistas, la delegación la componen Juan Fernando López, Idoia Mendia y José Cepeda. Cierra este grupo el exmiembro de Ciudadanos y actual integrante de Vox, Juan Carlos Girauta.
El PNV pidió eliminar la circunscripción única
Para los partidos que solo tienen implantación en sus respectivos territorios, conseguir un escaño en la Eurocámara es ya de por sí una misión muy complicada, con casi todo en contra. A las campañas electorales polarizadas entre los partidos de obediencia estatal se les suma una penalización: el sistema de circunscripción única. A diferencia de lo que ocurre con las elecciones generales del Estado, en las europeas no se emite el voto por cada territorio, sino a nivel estatal, lo que obliga al PNV y a EH Bildu a forjar coaliciones con socios de otras comunidades autónomas. Los jeltzales han defendido históricamente que se elimine esta circunscripción única, y el debate sobre el umbral mínimo viene a rizar el rizo si no se establece ninguna excepción. El grupo Renew, del que forman parte los jeltzales, también ha planteado la excepción en las comunidades que votan en otra clave.
En los últimos comicios de 2025, Junts obtuvo un escaño con el 2,52% del voto, y la alianza Ceus del PNV y Coalición Canaria logró el 1,63%, suficiente para revalidar el escaño jeltzale con Oihane Agirregoitia. ERC, EH Bildu y BNG obtuvieron el 4,93%. Pero esta cuestión, incluso, podría ir más allá de los partidos abertzales y afectar a la pluralidad y la representación de los partidos estatales más minoritarios si se optara por el umbral más exigente de la horquilla, ya que Sumar y Podemos se quedaron también por debajo del 5% en todo el Estado.
La agenda de la visita y rueda de prensa
La delegación de la comisión parlamentaria tenía previsto citarse este lunes con catedráticos, con el magistrado del Supremo Manuel Delgado-Iribarren y responsables de los procesos electorales, y este martes se reunirán con los portavoces de los distintos partidos en la comisión constitucional y en la comisión mixta para la Unión Europea. Está previsto que ofrezcan una rueda de prensa a las 13.45 horas. La reforma de 2018 tendría que haber entrado en funcionamiento en los comicios de 2024, pero no se aplicará hasta que todos los estados la ratifiquen, y el Estado español es el único que queda por hacerlo. La decisión del Consejo dice literalmente que se establecerá un umbral entre el 2% y el 5% del voto en las circunscripciones “que cuenten con más de 35 escaños”, de manera que, si existiera una circunscripción vasca, no hubiera alcanzado los escaños necesarios y no tendría que aplicar el umbral.
