PP y Vox se han salido con las suya. A propuesta de las dos formaciones de derechas, el Tribunal de Cuentas deberá elaborar un informe de fiscalización sobre la cesión al PNV del edificio de París que en su momento fue la sede del Gobierno vasco en el exilio y que actualmente alberga la oficina del Instituto Cervantes en Francia.
La decisión fue adoptada este martes en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde 'populares' y Vox ostentan mayoría absoluta. PSOE, PNV, Bildu y Sumar-Geroa Bai votaron en contra.
En concreto, la iniciativa aprobada solicita a la institución presidida por Enriqueta Chicano una auditoría específica sobre la devolución del inmueble ubicado en el número 11 de la Avenue Marceau de París, así como sobre la compensación por otros dos edificios ya desaparecidos en las localidades de Noyon y Compans.
Incautado por los nazis
Esta medida, enmarcada en la Ley de Memoria Democrática, formaba parte del primer decreto ley ómnibus del Gobierno, que fue rechazado por la oposición en enero, aunque fue incluida de nuevo en una versión posterior que sí obtuvo el respaldo del Congreso.
El PNV sostiene, y así ha podido ser documentado por diferentes investigaciones, que el inmueble fue adquirido por ellos para servir como sede del Ejecutivo vasco en el exilio y que fue confiscado por la Gestapo, la cual lo transfirió posteriormente a la dictadura franquista. Sin embargo, PP y Vox cuestionan esta restitución y reclaman acceso a documentos que avalen dicha versión. "Si era del PNV, ¿cómo, cuándo y a qué precio lo compraron?", planteó la diputada del PP Pilar Alía.
Desde el PP, citando una sentencia dictada durante la ocupación alemana de Francia, que la justicia francesa no reconoció la validez de la compra en los años cuarenta, en el contexto de la guerra y la posguerra, y que el Tribunal Supremo desestimó la reclamación en una sentencia de 2003. No obstante, tanto el Gobierno como el PNV subrayan que el Supremo no valoró el fondo del asunto, sino que se limitó a indicar que la Ley de Memoria de 1998 no se aplicaba a bienes situados fuera del territorio español. Esa circunstancia cambió con la actual Ley de Memoria Democrática.
Durante el debate, la parlamentaria del PP sostuvo que, si el Gobierno no ofrece explicaciones, podría interpretarse que esta devolución equivale a "un regalo" a sus socios nacionalistas valorado en casi 20 millones de euros. También criticó que el Instituto Cervantes deba pagar un alquiler al PNV durante seis años, lo que, en su opinión, podría constituir una forma de financiación ilegal del partido.
El partido de Núñez Feijóo ha sido particularmente duro contra la decisión de la devolución.
El PNV denuncia instrumentalización
Por su parte, la senadora del PNV María Dolores Etxano afirmó que el Tribunal de Cuentas ya podría revisar esta operación en sus informes sobre la Cuenta General del Estado o en sus auditorías a la contabilidad de los partidos, y consideró que exigir un informe específico revela una "clara intención de instrumentalización".
El socialista Raúl Díaz acusó al PP de utilizar el Senado como "lavadero de sus chapuzas", mientras se proclama defensor de la "dignidad institucional". En la misma línea, la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, afirmó que la medida representa "la devolución de algo que un día fue suyo".
Desde Bildu, el senador Josu Estarrona sostuvo que "el saqueo y expolio" perpetrado por la dictadura es un hecho ampliamente reconocido, y denunció que el PP actúe "en dirección contraria a Europa", intentando "confiscar un inmueble que perteneció al Gobierno vasco y que fue apropiado por la dictadura".
