Tras la renovación de las ejecutivas territoriales del PNV, el partido jeltzale celebrará los días 29 y 30 de marzo una Asamblea General que renovará sus estructuras también a nivel nacional y aprobará cinco documentos para actualizar su proyecto político, económico y de organización interna. Desde este lunes a la noche, esas cinco propuestas obran en poder de los batzokis, y la militancia tendrá de plazo hasta el 10 de marzo para presentar propuestas de resolución y enmendar estos textos.
Grupo Noticias ha podido tener acceso al documento sobre la soberanía de Euskadi y los objetivos políticos, un texto que no hace ninguna pirueta ni plantea nada ajeno a las aspiraciones clásicas del PNV desde su fundación hace 129 años. Defiende la “plena soberanía de la nación vasca y la institucionalización del derecho a decidir su futuro”, mantiene su apuesta por los avances graduales y progresivos y el pacto y, en lo inmediato, pone toda la carne en el asador para que se produzca el reconocimiento nacional de Euskadi. Por ejemplo, se ha pactado negociar ese reconocimiento en el Estado español con el actual presidente, Pedro Sánchez, para que se respeten las competencias vascas. Pero la novedad radica en la proyección cada vez mayor que va a dar el PNV a la dimensión europea del autogobierno, a la Unión Europea como oportunidad, ya que, hablando de soberanías, en ese ámbito se ha producido durante años una cesión de soberanía de los distintos estados hacia Bruselas y se ha aplicado el principio de libre adhesión de esos estados al club comunitario sin que nadie se haya rasgado las vestiduras. El PNV cree que Euskadi “debe buscar y encontrar su sitio en la Unión Europea y compartir responsabilidades, derechos y obligaciones, participando en los procesos europeos de decisión y en las políticas públicas de la UE”. Por tanto, esta propuesta mira en buena medida a Europa, más allá de los estados español y francés.
El documento que plantea el PNV para su IX Asamblea, titulado Euskadi nación en Europa: soberanía, identidad y objetivos políticos, defiende a Euskadi como una nación de pleno derecho en el continente. El texto, de 19 páginas, parte de una premisa: las y los vascos constituyen un pueblo, y su deseo de libertad está “muy por encima de cualquier actitud impositiva, por mucho que esta se pretenda positivar en leyes y hasta en constituciones o fronteras coyunturales”. A partir de ahí, se defiende el derecho a decidir como un “principio democrático y, por tanto, integrador y moderno”, que es “eminentemente europeísta” y que, incluso, “aporta estabilidad política en la medida en que permite tejer las relaciones con otros pueblos en términos de respeto democrático mutuo”. Es “un derecho inalienable”: cree que un pueblo lo podrá ejercer o no, podrá elegir un momento u otro de la historia para reclamarlo, podrá optar por un plebiscito o decidirlo de manera gradual, pero no puede “renunciar a él ni ser privado de ese derecho por la fuerza”.
¿Y cómo encaja en la Unión Europea? El documento defiende que la propia incorporación de un Estado a la Unión es una plasmación práctica del derecho de autodeterminación de los pueblos. Añade que la UE se basa en principios como “el respeto y el reconocimiento mutuo de los pueblos, la libre adhesión y la asociación, el derecho a decidir, el libre consentimiento y la cooperación productiva entre iguales”. “En ese marco, Euskadi aspira a su pleno reconocimiento como sujeto político”, añade.
¿Quiere esto decir que se busca ser un Estado, en su definición más clásica? El PNV añade que ya se puso sobre la mesa una propuesta articulada de reglamento europeo para ejercer el derecho de autodeterminación, y que la propuesta no prejuzga y vale tanto para encajar un régimen de autonomía como para un esquema federal o un Estado propio. “Más allá del marco político concreto por el que se opte en cada momento histórico, el derecho más inalienable de una nación es ver reconocida su condición de sujeto político y mantener la capacidad para decidir su propia articulación política”, defiende.
Las propuestas para la CAV, Nafarroa e Iparralde
Como punto de partida, el PNV se apoya en los derechos históricos que reconocen el Estatuto y la Constitución española y por los cuales queda claro que haber aceptado este régimen de autonomía no implica renuncia alguna. Cita también la soberanía fiscal que ya proporcionan el Concierto y el Convenio.
¿Qué es lo que plantea el PNV en cada ámbito administrativo? En la CAV, el documento aboga por pactar con el Estado “un nuevo estatus político” basado “en el reconocimiento nacional y del derecho a decidir del pueblo vasco”, en virtud de su foralidad, “legitimado en la voluntad político-democrática de su ciudadanía”, un pacto que amplíe el fondo competencial y garantice los derechos políticos, lingüísticos, sociales y económicos de la ciudadanía vasca. En Nafarroa, plantea un nuevo pacto para blindar el Amejoramiento frente a las “decisiones unilaterales que impiden su cumplimiento”. Serían dos acuerdos que garanticen “la bilateralidad política que contienen el Concierto Económico y el Convenio navarro en la relación con el Estado”. En cuanto a Iparralde, se propone reforzar la mancomunidad de municipios para lograr más competencias y mayor “poder social y económico”.
“Partiendo de las tres realidades político-administrativas, respetando cada una de las voluntades colectivas mayoritarias que se puedan conformar e incluyendo en esta consideración el caso de los enclaves y particularmente el caso de Treviño, mantenemos el objetivo de institucionalizar el derecho a decidir de Euskadi a través de un nuevo pacto que implica a dos estados, que debe integrarse en el ordenamiento europeo y que debe garantizarse mediante la bilateralidad”, sostiene el PNV. Se compromete a “impulsar un acuerdo para que los estados español y francés y las instituciones comunitarias adapten sus marcos legales e institucionales y su cultura política a la realidad plurinacional”, y avisa de que no es aceptable que las reglas pactadas se puedan vulnerar de manera unilateral desde los estados, erosionando competencias.
Presencia en Europa
Se defiende la presencia de las instituciones vascas en Europa y el reconocimiento de su papel y sus competencias. No solo se refiere a la Ley de Claridad que propone el PNV para el derecho a decidir, sino también las alianzas que ha forjado la comunidad autónoma vasca con otros territorios y naciones sin Estado que tienen competencias legislativas y quieren ganar un mayor protagonismo en el debate de las leyes y las políticas. El PNV acaba de pactar con Sánchez una presencia más directa en el Ecofin que reúne a los ministros de Finanzas europeos; y el documento sostiene que Euskadi quiere “aportar al proyecto común, tanto con nuestra participación directa en las instituciones de la UE como influyendo en la posición que el Estado defenderá en Bruselas, tanto solos como a través de redes y foros transnacionales”.
El PNV plantea la vía de la negociación y el pacto con el Estado para lograr el reconocimiento nacional e institucionalizar el derecho a decidir, incorporar protocolos en Europa que reconozcan la realidad nacional vasca e impulsar la reforma de sus tratados para una gestión de proximidad, una gobernanza basada en la participación, una acción política solidaria, definir una identidad democrática y abierta, y un relato humanista y social del autogobierno.
Buscar un contrato social más allá de “corregir errores cotidianos”
La ponencia que propone el PNV a su militancia sobre la soberanía de Euskadi no cierra los ojos ante las amenazas y dificultades a los que se enfrenta el discurso abertzale. En el documento al que ha tenido acceso Grupo Noticias, el PNV alerta, por ejemplo, de la forma en que el Gobierno español ha sabido apoyarse en el “enfado” de la ciudadanía para hacer propuestas sociales sobre diversos problemas aunque no respeten el reparto competencial, y ha corrido como la pólvora la idea de que “lo importante son las medidas, no quién las toma”.
El PNV plantea, además, difundir un relato social y humanista del autogobierno, e impulsar un contrato social para defender el bienestar. Añade que Euskadi, al igual que otros países avanzados, “enfrenta una crisis del Estado del bienestar” por factores como el envejecimiento o la pandemia del covid. “El esfuerzo para abordarlo ha sido significativo, pero la solución requiere más que corregir errores cotidianos. Necesitamos una redefinición del contrato social, un rediseño del Estado de bienestar y sus prestaciones, una modernización del sistema productivo que lo financia y un abordaje definitivo de la crisis demográfica y la solidaridad intergeneracional”, dice.
El PNV aboga por “escuchar con humildad” lo que la sociedad demanda, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y una “colaboración directa” con ella porque “no se puede liderar sin escuchar a las personas”. Pide renunciar a la “polarización impostada”. Defiende también revitalizar el uso social del euskera.
Constata que se avanza hacia una sociedad más plural, con personas de diversa procedencia. También crecen los “bulos” y el sensacionalismo, y la ciudadanía es más individualista y tiene un menor sentido de comunidad. La fidelidad del electorado es “cada vez menor”. Además, en el Estado se vive “un proceso de recentralización” y, a pesar de los acuerdos “puntuales” con el Gobierno español, se sigue “debilitando” el autogobierno.
Por otro lado, reivindica la trayectoria del PNV frente a ETA y los sectores que intentaron “deslegitimar instituciones genuinamente vascas”: “Han abrazado, 50 años después y tras provocar mas de mil víctimas mortales, la vía gradualista”.
