¿Cómo se deben abordar las cuestiones judiciales pendientes tras el fin de ETA? Hay quien plantea hacer tabla rasa y dejar de investigar o incluso no juzgar los asuntos pendientes.

—Respecto a procedimientos judiciales por hechos que se produjeron, me parece que forman parte de la justicia victimal, que no puede estructurarse respecto al olvido sino al reconocimiento de lo que ocurrió y de quién fue el causante de lo que ocurrió. Es decir, seguir investigando respecto a procesos no proscritos forma parte de la justicia victimal y tienen que seguir adelante.

¿Ha cambiado algo para bien o para mal que la CAV asumiera la gestión de las prisiones?

—El modelo penitenciario vasco es para todos los delitos, no solo para los de ETA. Apuesta por un fin constitucional, que es la reinserción y la reincorporación comunitaria sin riesgo de reincidencia. Ahí tiene todo el sentido que se establezcan políticas públicas en el ámbito penitenciario que tratan de facilitar el tercer grado o la libertad condicional. Evidentemente, cumpliendo siempre los requisitos.

Pero la realidad nos muestra que estas decisiones se llevan a los tribunales y volvemos a ver, de nuevo, que en función de quién decida se determina una cosa u otra.

—Que hay decisiones que se han llevado a los tribunales está ahí. Que algunas han convalidado las resoluciones de la administración penitenciaria y otras no, también. Eso forma parte de la lógica de funcionamiento. O sea, que se trata de valoración de los casos concretos. Hay casos en que la persona había llevado a cabo una conducta de responsabilización e incluso de restauración en lo posible del daño causado y hay otros casos en que no es así. La diferencia no está en el marco legal.

Sin embargo, se reclama que todos los casos sean tratados del mismo modo, es decir, que no haya excepcionalidad.

—Yo lo que sé es que existe una legislación penitenciaria. La persona que dice que hay que tratar todos los casos igual parte de la premisa de que todos los casos son iguales. Y es que quizá no todos los casos son iguales.

Ya, pero volvemos a lo que hemos comentado varias veces en la entrevista: quien determina eso al final es una persona que tiene una ideología.

—La mejor forma de neutralizar la sensación que puede tener alguien de que la ideología influye es analizar las razones que justifican cada decisión. La motivación es la clave de todo. Vamos a analizar las razones. No vamos a hablar en general.

¿Comprende la polémica por la ley sobre antecedentes penales que acortará las penas a varios presos de ETA?

—Diferenciaría dos cuestiones. Una, el procedimiento en la toma de decisiones. Hay que respetar el espacio de las víctimas en el procedimiento de la toma de decisiones incluso legislativas, y ahí la transparencia es importante porque se puede generar un daño innecesario. Ahora bien, sobre el fondo, estamos ante una decisión que se fundamenta en nuestra pertenencia a la Unión Europea. Por tanto, en el reconocimiento de que nuestras decisiones valen lo mismo que las de un tribunal de otro estado de la UE. Hay que determinar si se cumplen los requisitos que justifican la acumulación. ¿Todas las sentencias dictadas en Francia podían haber sido dictadas en España con el mismo criterio? Si la respuesta es sí, hay que hacerlo. Si la respuesta es no, pues no.

Eso, entonces, habrá que dirimirlo caso a caso. Los números de beneficiados que hemos visto en los titulares son matizables.

—Quien ha puesto esas cifras tendrá que responder de ellas. Ahora llega el momento de ver si las penas son acumulables o no. Por poner un ejemplo, si el hecho ocurrido en Francia fue posterior a una sentencia dictada en España, no es acumulable. Pero eso habrá que verlo caso por caso.