La pareja de Ayuso acudirá al Tribunal Supremo por la vía civil contra Montero

Alberto González Amador demandará a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el Tribunal Supremo por presunta intromisión ilegítima en relación a unas declaraciones que realizó el pasado 12 de marzo en la sesión de control al Gobierno en el Senado. La demanda se interpondrá por la vía civil después de que quedara ayer sin efecto el acto de conciliación al que había instado la pareja de Isabel Díaz Ayuso para que la ministra se retractara de sus afirmaciones y al que no acudió.

La demanda se interpone ante el Tribunal Supremo ante la condición de aforada de Montero por ser ministra y diputada. El acto de conciliación estaba previsto tras una reclamación de González Amador de 40.000 euros por las declaraciones que la vicepresidenta primera hizo en la que pidió explicaciones a la presidenta madrileña por estar viviendo “en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública” y que “se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia”.

Montero también indicó que le parecía “llamativo” que Ayuso “tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión”. Dijo además que “se lo tiene que hacer mirar” y le pidió que dé explicaciones “con normalidad” ya que suele ser “tan rápida” a la hora de contestar. “¿Por qué no responde a esta cuestión?”, insistió. La ministra reacciono así a una información que ElDiario.es publicó que señalaba que la Fiscalía presentó una denuncia contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros, además de que la presidenta autonómica residía en un piso de un millón de euros que se pagó después de que Hacienda estuviese investigando a su novio. No obstante, las informaciones no indicaban que el apartamento se pagara con los 350.000 euros presuntamente defraudados, por lo que González Amador puso una demanda por intromisión en el derecho al honor e intimidad.