El Consejo de Ministros aprobó ayer presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la llamada ley de concordia aprobada por el Gobierno de Aragón de PP y Vox, según reveló el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, que también aseguró que más adelante recurrirán las normas de Comunidad Valenciana y Castilla y León si no se aplican cambios. El dirigente socialista explicó que toman esta decisión cuando se cumplen tres meses de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la citada norma, periodo establecido para llegar a un acuerdo entre los dos Ejecutivos que finalmente no se ha producido.
Torres afirmó que intentaron abrir un dialogo formal con Aragón para llegar a un acuerdo pero la administración regional rechazó sentarse a la mesa a negociar “algo inusual”. Señaló igualmente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez adopta esta postura con el aval del Consejo de Estado y dice que el informe de este órgano concluye que se incumple el deber de colaboración con el Estado. Reprocha que esta norma retira placas de señalización de campos de concentración, así como de lugares de memoria y el mapa de fosas comunes, entre otras medidas. Torres también recrimina al Gobierno aragonés que con su negativa a negociar rechace el informe de los relatores de Naciones Unidas “el derecho internacional y la preservación de los derechos humanos”.
Además considera que estas normas que PP y Vox llaman “de concordia” que también se están desarrollando en otras comunidades gobernadas por estos partidos como Comunidad Valenciana y Castilla y León, “invisibilizan” a las víctimas del bando republicano, dificultan el trabajo de las organizaciones memorialistas que a su juicio trabajan por la verdad, para que nadie reescriba la historia blanqueado el franquismo. Dice que por tanto, recurren a la Constitución –“la misma que algunos dicen defender, pero olvidan aplicar”, lanzó– y acudirán “donde sea preciso” para defender los derechos humanos y el derecho internacional.
Además, el ministro adelantó que presentarán sendos recursos ante el TC sobre las leyes de este tipo en Castilla y León y Comunidad Valenciana “en el momento en que esas proposiciones de ley se conviertan en leyes”, dado que ahora están paralizados los trámites parlamentarios. Torres destacó que estas leyes no están avanzando porque nos encontramos en periodo electoral hasta las europeas del 9 de junio, pero insiste en que si finalmente estas normas ven la luz tal y como están redactadas hasta el momento, las recurrirán al Constitucional igual que hacen ahora.
Electoralista
La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, acusó a Sánchez de estar instalado en una política de confrontación, en un momento de conveniencia electoral, con las comunidades que no aplauden sus políticas y de no saber que “no existe ninguna ley que obligue a tener una ley memoralista”. Aludió a que este recurso de inconstitucionalidad va “en contra de la autonomía y el respeto de las Cortes de Aragón”, que representan a todos los aragoneses y donde se aprobó derogar la ley.
