Nuevo choque entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP por la memoria histórica. El Ejecutivo socialista, por boca de su ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció ayer que llevará al Tribunal Constitucional la ley en esa materia aprobada en Aragón por PP y Vox si es que el ejecutivo de Jorge Azcón no se aviene a modificarla. Además, Torres avanzó que Moncloa piensa actuar de la misma forma con otros dos gobiernos autonómicos dirigidos por el PP con la ayuda de la extrema derecha –en concreto apuntan a Castilla y León y la Comunidad Valenciana, territorios dirigidos por Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Mazón, respectivamente– si no cambian de raíz las proposiciones de ley de “concordia” que se preparan. En suma, más madera para un asunto polémico que divide a PSOE y populares.
En todo caso, el ministro Torres puntualizó que, en estos casos, lo “importante” es que esas proposiciones “decayeran” sin llegar a ser aprobadas. En todo caso, el Gobierno español no ve con buenos ojos que el PP, “obligado y cediendo” ante Vox, se haya propuesto “blanquear la dictadura” e “igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de desapariciones y torturas” con un periodo democrático. Así, Moncloa comunicará al Gobierno de Aragón la interposición del artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional para convocarle a una comisión bilateral donde abordar esta discrepancia y tanto “si se niegan” a acudir a esa reunión como si no acepta modificar la nueva norma autonómica, “automáticamente” el Gobierno presentará recurso.
Aunque resulte “complicado” que puedan llegar a un acuerdo en este ámbito –lo que lleva, muy previsiblemente, a un nuevo choque institucional–, a la vista del contenido de la nueva norma aragonesa impulsada por el PP y Vox, Torres confía en que Aragón rectifique y adapte su normativa para encuadrarse en los estándares de la ley estatal. Ya en una rueda de prensa en la sede del ministerio, Torres insistió en que la posibilidad de llevar la ley aragonesa al TC será un asunto que se tratará en el Consejo de Ministros de hoy mismo. Al menos, sus servicios jurídicos analizarán su posible derogación, al igual que harán lo propio con las leyes de “concordia” presentadas tanto en Comunidad Valenciana como en Castilla y León. El reloj empezará a correr a partir de hoy mismo, como suele ser habitual en cualquier choque competenciales que sucede entre el Gobierno estatal y uno territorial. Según Torres, una vez que convoquen al gobierno de Azcón para una comisión bilateral se suele abrir un plazo de 30 días para intentar llegar a un acuerdo, pero si no lo logran en ese plazo o si el Ejecutivo autonómico en cuestión se niega a hablar, acudirán de forma inmediata al Tribunal Constitucional.
“Invade competencias”
Según el ministro explicó, la derogación de la Ley de Memoria en Aragón se da por diferentes cuestiones. “Invade competencias del derecho internacional” y “vulnera derechos humanos”, tal y como detalló, ya que por ejemplo elimina el mapa de fosas, lo que dificulta las exhumaciones; retira lugares de memoria; y suprime una disposición sobre homenajes a personas asesinadas en campos de concentración nazis. En este sentido, Torres especificó que el Gobierno de Sánchez se reserva la posibilidad de recuperar con el paraguas de la Ley de Memoria Democrática aspectos de la ley autonómica de Aragón derogada, como por ejemplo el mapa de fosas o los lugares de memoria.
“Si hay comunidades autónomas que intenten poner freno al desarrollo de leyes –autonómicas de memoria–, vamos a coger lo que ellas deroguen”, añadió en alusión a otros casos como los de la Comunidad Valenciana y Castilla y León, donde el PP y Vox –que gobiernan en coalición en ambos casos– acaban de presentar leyes de “concordia” en sustitución de sus propias leyes de memoria autonómicas.
Cabe recordar que Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera comunidad en el Estado en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y Partido Aragonés (PAR). No fue el único paso en esa dirección dado por ejecutivos gobernados por el Partido Popular, ya que a continuación la Comunidad Valenciana –gestionada por un gobierno en coalición de PP y Vox– presentó al de seis días –el 21 de marzo– una proposición de ley de la “concordia” que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los términos “guerracivilistas” y mantendrá la reparación de todas las víctimas.
En la misma línea, el PP y Vox, que también gobiernan juntos en Castilla y León, presentaron el 26 de marzo una proposición de ley de la “concordia” para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica. Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra “dictadura” para referirse como franquismo al periodo entre 1939 y l975.
“Resarcimiento”
Reacción del PP. El portavoz ‘popular’ Borja Sémper afirmó ayer estar de acuerdo en “ensanchar el concepto de víctimas” que pretenden la leyes de concordia en diferentes regiones gobernadas por PP y Vox. “Todo lo que sea llegar a más gente nos parece razonable. ¿Es que hay alguien en este país que no quiere resarcir a ninguna víctima de ninguna justicia?”, se cuestionó en una rueda de prensa en la que reconoció que esta cuestión no debería de ser una “prioridad” y sí los problemas actuales.
