La presidenta del Gobierno navarro, María Chivite, apeló ayer miércoles a la unidad de todas las fuerzas parlamentarias para reclamar que Nafarroa pueda tener la titularidad de la competencia de Tráfico y no quede “en peor situación” que otras comunidades, como la CAV o Catalunya, cuyas policías autonómicas ordenan el tráfico a pesar de que no tenían ese derechos histórico reconocido.

En una comparecencia a petición propia en la Cámara, Chivite explicó que la reciente aclaración del Supremo con respecto al alcance de la anulación del traspaso sirve para constatar que la figura del Real Decreto (la utilizada para el traspaso) “ha sido la vía correcta para traspasar a la Comunidad Foral de Navarra al menos 9 de las 10 funciones y servicios que recoge el citado Real Decreto”.

Lo que pasa es que ahora la reforma del Amejoramiento busca explicitar “en la norma la titularidad de la competencia”. Nafarroa, desde la transferencia acordada el verano pasado, ejerce ya una serie de servicios que antes del traspaso no ejercía. Son las escuelas particulares de conductores, centros de reconocimientos, sensibilización y reeducación vial, campañas divulgativas de educación y formación vial, dictar instrucciones, medidas de vigilancia y restricción, informes de pruebas deportivas y marchas ciclistas o autorización de determinados eventos.

Ahora de lo que se trata es de reformar la norma, en el sentido de lo que señala la sentencia, para dejar todo definitivamente claro. Para eso ha apelado a la unidad de todos los grupos. Muchos de los que ayer asistieron a su comparecencia han estado también representados en el Parlamento desde la vuelta de la democracia. En todas estas épocas, la postura ha sido unánime, como vino a resumir en una larguísima contextualización histórica que ha ido desde principios del siglo XX hasta la actualidad.

En cualquier caso, Nafarroa parte con dos ventajas. Por una parte, un consenso amplio sobre la fórmula de la reforma del Amejoramiento. Y luego, tal y como dijo la presidenta, un Gobierno central de acuerdo con el mecanismo elegido desde que el Ejecutivo foral se lo hizo saber el 28 de febrero. Ahora es tiempo, afirmó Chivite, de que el Gobierno español designe a sus vocales en la Comisión Negociadora.

Así las cosas, los pasos van a ser los siguientes: después de constatar el consenso entre los dos gobiernos, llegará “dictamen del Consejo de Navarra”. Luego, será el Parlamento de Nafarro el que tendrá que aprobar la reforma, que posteriormente viajará hasta las Cortes Generales. Aprobada por el Congreso, la ley orgánica será publicada y entrará en vigor. Entonces podrá acometerse el decreto de transferencia de los servicios y funciones que ahora mismo, por compartirlos ambos cuerpos policiales, han recibido el toque de atención por parte del Supremo.