El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reivindicado este lunes en la entrega del premio René Cassin 2023 a la Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte, el compromiso de Euskadi con los derechos humanos y su apuesta por "explorar las potencialidades de la justicia restaurativa, respetar los derechos de las personas privadas de libertad, y promover el fin último de su reinserción social". "Resulta increíble e indignante que en 2023 haya quien piense que la pena de muerte puede ser opción de resolución de conflictos o pena frente a un delito", ha añadido.

En un acto celebrado en el Palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz, Urkullu y la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, han entregado el Premio René Cassin 2023 a la Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte, CIPM, y la encargada de recibirlo ha sido la comisaria Marta Santos Pais, antigua Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas.

El lehendakari ha recordado que este pasado domingo se conmemoró el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada el 10 de diciembre de 1947, y de la que René Cassin fue uno de sus principales impulsores.

Urkullu ha destacado que René Cassin fue un "vasco universal, nacido en Baiona, Premio Nobel de la Paz en 1968 y principal inspirador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos". "Este Premio simboliza el compromiso de Euskadi con los derechos humanos", ha señalado.

Asimismo, ha afirmado que "en el contexto global actual de vulneración, amenaza y riesgo", el Gobierno Vasco hace suya la causa de la defensa de los Derechos Humanos.

"Hacemos nuestros los valores humanistas que representan las personas y organizaciones premiadas con el Premio René Cassin desde hace 20 años. Hacemos nuestros los principios que inspiran el trabajo de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que el trabajo de la Comisión "está consiguiendo su objetivo: sumar países a la abolición de la pena de muerte, prorrogar las moratorias en las ejecuciones, y atraer cada vez más Estados, gobiernos, instituciones, organizaciones, mujeres y hombres del mundo a la causa abolicionista".

"Hoy reconocemos y agradecemos el trabajo y compromiso de la Comisión. Resulta increíble e indignante que, en 2023, haya quien piense todavía que la pena de muerte puede ser una opción de resolución de conflictos o de pena frente a un delito", ha añadido.  

JUSTICIA RESTAURATIVA

En este sentido, ha explicado que Euskadi aboga por "explorar las potencialidades de la justicia restaurativa, respetar los derechos de las personas privadas de libertad, y promover el fin último de su reinserción social".

"La lucha contra la pena de muerte tiene un corolario claro: la defensa del primero de los derechos: el derecho a la vida. Un derecho hoy flagrantemente vulnerado en Gaza, Israel y Ucrania; un derecho vulnerado en demasiadas regiones del mundo, asoladas por la violencia o por los rescoldos de conflictos olvidados", ha lamentado.

También ha señalado que este derecho es "vulnerado por las consecuencias de desplazamientos forzados, la degradación del medio ambiente o las crisis humanitarias". "Un derecho que, no queremos ni debemos olvidar, fue durante décadas también vulnerado aquí en Euskadi", ha recordado.   

LIBRE DE PENA DE MUERTE

Por su parte, la presidenta de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, Navi Pillay, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas, ha enviado un vídeo de agradecimiento en el que ha afirmado que este reconocimiento les "fortalecerá para seguir participando en discusiones con autoridades gubernamentales de todo el mundo, especialmente aquellos gobiernos que aún mantienen la pena capital, con el objetivo final de lograr un mundo libre de la pena de muerte".

"Este premio llega en un momento oportuno, ya que una de sus contribuciones, la promoción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cumple ahora 75 años", ha recordado Pillay.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha señalado que los derechos humanos "no son un corpus teórico, etéreo e intangible", ya que "se traducen en derechos vinculados al día a día, a la dignidad como personas, al bien ser, al bienestar y a la calidad de vida, nuestra y de la humanidad". "Los derechos humanos son derechos universales y, por ser universales, son también derechos de proximidad", ha subrayado.   

EL PREMIO

Este año 2023 el Gobierno Vasco ha otorgado el premio René Cassin a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, "por su incansable lucha a favor de la abolición de la pena de muerte en todos los países y regiones del mundo".

"A través de la sensibilización, la investigación, la promoción de políticas, la asistencia técnica a los Estados y la colaboración con Naciones Unidas, la ICDP trabaja de manera tenaz para prevenir las ejecuciones, eliminar prácticas injustas y arbitrarias, plantear alternativas a la pena de muerte y fomentar sistemas penales más justos y humanitarios", señala el dictamen del jurado.