Vox presentó ayer miércoles en los juzgados de instrucción de Madrid de su anunciada querella criminal contra el secretario general del Congreso, Fernando Galindo, a quien acusa de prevaricación por no oponerse a la tramitación de la proposición de ley de amnistía que registró el PSOE tras pactarla con los grupos de ERC y Junts.
En su informe, que no es vinculante para la Mesa del Congreso, el alto funcionario indicaba que, aunque pueda haber dudas de constitucionalidad sobre el texto que en su momento juzgará el Tribunal Constitucional, no existe una “contradicción evidente o palmaria” con la Constitución que justificara vetar su tramitación. Con ello, el órgano de gobierno de la Cámara, con la mayoría que tienen PSOE y Sumar, dio trámite a la iniciativa.
Los de Santiago Abascal reprochan a Galindo que, pese a ver posibles puntos de inconstitucionalidad, redactó un “informe rocambolesco por arbitrario, infundado y raquítico” para acabar concluyendo que no se opone a su calificación por la Mesa de la Cámara.
Para Vox, el informe del letrado mayor es “eminentemente antijurídico y arbitrario” porque, en su opinión, “no puede haber grados en la constitucionalidad o inconstitucionalidad”. “Las leyes son constitucionales o no lo son, no pudiéndolo ser solo un poco o hasta un determinado grado en que la consciencia jurídica admitiera lo inconstitucional”, por lo que le acusan de un presunto delito de prevaricación, recogido en el artículo 404 del Código Penal.
