Este miércoles es previsible que se repita el ritual que tiene lugar todos los años el 25 de octubre, el aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika en referéndum: los partidos de adscripción estatal reivindicarán su espíritu como nexo de convivencia con el Estado, mientras el PNV denunciará su incumplimiento con unas transferencias que no llegan y que los sucesivos gobiernos españoles han utilizado históricamente como moneda de cambio para salvar el pellejo en votaciones clave. Pero, esta vez, se le suma como elemento adicional para el morbo político que el Estatuto de Autonomía cumple 44 años desde su aprobación en 1979 en plena negociación de la investidura de Pedro Sánchez, a quien el PNV le exige que cumpla con las transferencias pendientes y muestre, esta vez sí, un compromiso inequívoco. 

El aniversario llega con las transferencias paralizadas desde hace dos años y medio, a pesar de que el Consejo de Ministros de Sánchez se comprometió con un calendario en la anterior legislatura para procurarse el respaldo de los jeltzales, cronograma al que le queda pendiente una treintena de materias.

Sánchez tiene por delante el reto de despejar la confusión que han generado declaraciones suyas y de su propio gobierno cuando han dado marcha atrás en algunas de las transferencias prometidas alegando problemas técnicos. La tensión llegó a su punto álgido tras el discurso que pronunció en el pleno del Congreso de julio del año pasado, cuando aseguró que había transferencias “que es difícil asumir” como la meteorología, la ordenación y gestión del litoral, el fondo de protección a la cinematografía y las autorizaciones iniciales de trabajo para personas migrantes. “En estos cuatro puntos, usted sabe que los ministerios se han mostrado en contra de que sea posible proceder a negociar ese traspaso”, le dijo a Aitor Esteban, lo que provocó el desconcierto de la parte vasca. El lehendakari planteó una Comisión Permanente para abordar todo el proceso, una propuesta que se reconvirtió después en una posible convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación. 

El bloque de las prisiones

El último paquete de materias asumidas por la comunidad autónoma para su gestión desde Euskadi se remonta a dos años y medio atrás, cuando la Comisión Mixta de Transferencias reunida en Bilbao el 10 de mayo de 2021 firmó las competencias sobre prisiones, el transporte por carretera, el código bibliográfico ISSN y el edificio sede del Distrito Marítimo de Ondarroa. En mitad de este solar, sí se firmó el Ingreso Mínimo Vital, pero no formaba parte del cronograma porque es una ayuda social de nueva creación que había que concertar. Desde entonces, ambos gobiernos han estado enfrascados en la negociación sobre la transferencia de las líneas de tren de Cercanías sin que se haya producido un acuerdo, y se sondeó de manera preliminar el debate sobre la migración y sus permisos de trabajo. Garamendi ha ido planteando otras materias que han escalado en el nivel de prioridad como la homologación de los títulos universitarios extranjeros, que puede ayudar a agilizar y paliar la escasez de médicos.

A las negociaciones con el PNV y otros grupos, Sánchez ha acudido acompañado por su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien puede ser clave para ir encajando las demandas en los Presupuestos y realizar la cuantificación económica de los traspasos. En paralelo, se acumulan otros conflictos como la erosión del autogobierno transferido con leyes como la de Vivienda.