El Gobierno español ha negado este miércoles que haya marginado al euskera en Europa, pero sigue defendiendo una aplicación gradual del uso de las lenguas cooficiales, una decisión que sigue sin vincular a la investidura de Pedro Sánchez o a criterios políticos, y la vuelve a atribuir a las dudas de algunos países que le pedirían que esta medida se dosifique y vaya por fases por su coste económico. Tras la polvareda levantada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien priorizó el catalán, este miércoles ha sido el ministro de Cultura, Miquel Iceta, quien ha defendido una aplicación progresiva, aunque se ha ahorrado las referencias a cuál es la lengua más hablada o qué representantes políticos han peleado más la oficialidad, unas alusiones de Albares que se han recibido como una ofensa de primer orden en el PNV y en Lehendakaritza.

Iceta argumentó que, en realidad, la intención del Gobierno español es que las tres lenguas sean oficiales, pero que otra cuestión diferente es su aplicación, que debería ser progresiva. “No se relega en absoluto. El Gobierno de España ha planteado la plena oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, y hemos conseguido que no haya ningún veto de ningún país europeo. Se nos ha pedido tiempo y se ha planteado la posibilidad de aplicar progresivamente las medidas. Vamos a ver dónde nos lleva. El Gobierno español se ha ofrecido a sufragar el incremento que de repente estas tres lenguas puedan plantear”, defendió.

Adhesión de Ucrania, Moldavia, Georgia...

El argumento del coste que supondría reconocer tres lenguas a la vez y los esfuerzos de traducción que supondría no termina de convencer a la parte vasca, que pone el foco en el carácter cooficial de estos idiomas y pide no desviar el foco hacia otras cuestiones. Incluso cree que el argumento de la avalancha de las lenguas y su incorporación de una sola tacada se cae por su propio peso o que se va a generar pronto un agravio comparativo: en los próximos años, como mínimo, parece que van a incorporarse a la Unión Europea tanto Ucrania como Moldavia y Georgia. 

En su caso, por ahora, nadie ha alzado la voz alertando del coste que va a suponer incorporar nuevos idiomas, una objeción que parece que solo se plantea con las cooficiales, como si fueran accesorias o algo poco práctico que se puede sortear recurriendo a idiomas más conocidos y que entiendan más representantes políticos. 

Desaparición de las lenguas

El consejero de Política Lingüística del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, repasó en Onda Cero que la Unión Europea comenzó su andadura con tan solo cuatro lenguas oficiales y ahora el recuento asciende a un total de 24, sobre un mapa con 27 estados. Él mismo dejó caer que el proceso de ampliación europea va a disparar el número de lenguas que se escuchen en las instituciones. Zupiria cree que centrarse en el número de personas que utiliza cada idioma es un mal camino, porque por esos derroteros se puede provocar la desaparición prematura de muchas lenguas, que deben ser protegidas y que la propia Constitución española reconoce como una riqueza.

El presidente español en funciones, Pedro Sánchez, compareció por la tarde ante los medios de comunicación durante su viaje a Nueva York para atender varios compromisos con las Naciones Unidas, pero no abordó este asunto. Hay que atenerse, por tanto, a los mensajes tanto de Albares, que también niega una discriminación y que fue el encargado de anunciar la propuesta, como de Iceta, que es el responsable del área de Cultura.