Unos 24 exparlamentarios del PSOE, entre los que se hallan tres exministros y dos expresidentes del Senado –Juan José Laborda y Javier Rojo– han pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que frene la iniciativa de hablar las lenguas cooficiales en el Congreso. A ellos se suman 37 exdirigentes del PP, UCD y UPyD. Todos ellos consideran que la medida “contradice la Constitución, no se adecua a nuestra realidad lingüística” y es un “trágala inaceptable”.

Entre los firmantes del texto están tres exministros socialistas –José Luis Corcuera, Virgilio Zapatero y Javier Sáez de Cosculluela–, además de dos expresidentes del Senado –Javier Rojo y Juan José Laborda–, el expresidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, y el exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez. Nombres a los que se unen, entre otros, Nicolás Redondo, que acaba de ser expulsado del PSOE por las críticas realizadas contra su partido por la posible amnistía; Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid y también expulsado del partido; los exeurodiputados Alejandro Cercas y Pedro Bofill; los exdiputados José María Mohedano, Ciriaco de Vicente y Jesús Cuadrado; el exsecretario general de Madrid Tomás Gómez; el exdiputado en el Parlamento Vasco José Antonio Maturana o la exresponsable de Internacional del PSOE Elena Flores. Entre los miembros del PP están los exministros Juan Carlos Aparicio, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Miguel Arias Cañete, Federico Trillo o Isabel Tocino; los exsecretarios de Estado Gabriel Elorriaga o Miguel Ángel Cortés; o la exlíder magenta Rosa Díez.

La medida de hablar catalán, euskera y gallego en la Cámara fue una exigencia de los independentistas catalanes para apoyar que el PSOE tuviera la mayoría de la Mesa del Congreso y que la presidenta de la Cámara fuera la socialista Francina Armengol. En el texto, todos estos dirigentes dejan claro que el castellano es la “lengua oficial del Estado” con la que se ha debatido, dialogado y cumplido la misión de los parlamentarios “a lo largo de estos 46 años de democracia”. Señalan que hasta la fecha esto se ha hecho con total normalidad porque el castellano es la lengua “común” de todos los españoles sean “vascos, andaluces, castellanos, catalanes, extremeños” y con la que se entienden en la vida cotidiana en todos los lugares del Estado. “Ningún español necesita de intérprete cuando habla con otro español”, exclama la carta.

Advierten de que el cambio quiere llevarse a cabo “de manera escandalosamente precipitada y con el quebranto de una regla de oro del parlamentarismo demoliberal: que las modificaciones del Reglamento, al ser las normas que establecen las reglas de juego de la institución, han de contar con un amplio acuerdo”.