El lehendakari sigue buscando un punto de encuentro que permita ablandar las posiciones más inmovilistas, acercar posturas y conseguir que se abra el melón territorial para atender las demandas de quienes, como sucede en Euskadi y Catalunya, buscan un reconocimiento de su realidad nacional. Después de plantear una convención constitucional como foro de debate para pactar una nueva interpretación de la Constitución española, respetuosa con la realidad plurinacional del Estado, Iñigo Urkullu ha tratado de proyectar este martes que no está proponiendo ningún ejercicio extravagante o al margen de la ley. En concreto, ha recurrido a un concepto que mueve muchos sentimientos en el seno de los partidos estatales, como el PSOE, y que puede ser la clave para lanzar un mensaje de confianza sobre su propuesta: aseguró que su idea pretende recuperar el espíritu de la Transición, porque la propia Constitución española diferencia entre nacionalidades y regiones al uso, y ha sido la práctica posterior la que ha pervertido y degenerado ese espíritu y ha impedido un federalismo asimétrico respetuoso con Euskadi, Catalunya y Galicia, o con el autogobierno en general.

El lehendakari ha expuesto su visión en la clausura del Curso de Verano de la UPV/EHU Retos del Federalismo y el Sistema Autonómico español, en el Palacio Miramar de Donostia, acompañado de la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi. Urkullu ha denunciado que, “confundiendo la defensa de la Constitución con un determinado concepto de unidad-uniformidad de España, se pervierte la génesis y el espíritu de la Transición”. “Un espíritu que pasaba, como viene recogido en la propia Constitución, por comunidades autónomas comunes y realidades nacionales históricas”, dijo, en referencia al artículo 2. “Esta diferenciación identifica a las comunidades históricas que contamos con una realidad propia de autogobierno anterior a la Constitución de 1978, esto es, Euskadi, Catalunya y Galicia”, recalca.

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez lleva repitiendo desde antes de las vacaciones de agosto que el debate tiene que abordarse dentro del marco constitucional y como un acuerdo entre diferentes. Es un criterio que el lehendakari parece haber leído rápidamente para darle una respuesta acorde y posibilista. Ya dijo que propone interpretar la Constitución y no necesariamente una reforma, lo que supone despejar del escenario un primer escollo, en la medida en que el PSOE no quiere zambullirse en una reforma donde necesitaría el improbable concurso del PP. Ahora el lehendakari le añade una referencia expresa al espíritu de la Transición y a unos conceptos que ya existen en la Constitución, las nacionalidades y las regiones.

Urkullu ve una justicia de "Estado unitario"

Pero, ¿cómo ha degenerado el modelo plurinacional para Urkullu? Denunció la “resistencia” hacia los símbolos, la lengua, la distribución territorial de poderes y los procesos políticos de decisión colectiva, y añadió algunas características que alejan el modelo estatal de las federaciones liberales de los países desarrollados: “la separación de poderes legislativos es incierta” porque se solapan las leyes estatales y autonómicas, el poder judicial “sigue, básicamente, los parámetros de un Estado unitario ajeno al modelo autonómico”, las comunidades autónomas “no juegan ningún papel” en el Senado, y las comunidades “no son consideradas como actores políticos en relación con la Unión Europea”, incluso aunque las comunidades autónoma vasca y navarra tienen autonomía fiscal.

Planteó un debate encaminado a una reforma real que recupere “el espíritu de lo que pretendió, y no acabó siendo, la Transición en el Estado”. Recordó que, en las federaciones asimétricas, las relaciones se basan en el respeto a la diversidad o la toma en consideración de las voluntades sociales mayoritarias. “Se vislumbran muchas formas de seguir dando pasos. Ahora bien, hay que querer darlos. Es necesaria la voluntad. Voluntad en primer término para asumir la realidad plurinacional del Estado”, recalcó. Para el caso vasco, volvió a defender la percha de la disposición adicional primera sobre los derechos históricos, que permite actualizar el autogobierno.

Es una queja histórica. El nacionalismo vasco denuncia que, en un intento de igualar a todas las comunidades por abajo, se puso límite a las aspiraciones de Euskadi y Catalunya, al tiempo que se concedía la capacidad de autogobierno a algunas regiones que no lo demandaban y que, a día de hoy, tampoco están interesadas en gestionar la Seguridad Social o los impuestos. Es el conocido como café para todos. Hay sectores que recelan de un federalismo asimétrico con el argumento de que podría dar lugar a una España a dos velocidades, con ciudadanos de primera y segunda, con privilegios, pero no es lo que se plantea ahora, ni el lehendakari pretende frenar las reclamaciones de otras comunidades. Se centra en pedir respeto para las demandas vascas, más competencias, y recuerda que la propia Constitución habla de nacionalidades y regiones. La España a dos velocidades, en cualquier caso, no vendría dada per se por el número de competencias de cada uno, sino por cómo las ejerce y por el dinero que invierte en educación o sanidad.

En el curso, en el que participó el catedrático Alberto López Basaguren, el experto fichado por el PSE para el debate del nuevo estatus en el Parlamento Vasco, Urkullu apostó por una reflexión compartida y por el pacto. Constató que una de las cuestiones clave en el debate del federalismo plurinacional es “el reconocimiento de las distintas colectividades nacionales” y “el respeto y protección de su autogobierno”. “No veo inconveniente en progresar desde una proyección del modelo territorial, claramente inacabado, establecido por la Constitución española de 1978. Una de las vías propuestas es el denominado federalismo plural. Es una vía. Por cierto, no veo en la Constitución española expresada referencia alguna a que el Estado español sea un Estado federal”, dejó caer, en referencia a que federalistas como el propio Basaguren hacen ese planteamiento, que no está en la Constitución, mientras se demoniza cualquier propuesta del lehendakari o del PNV.