El Parlament de Catalunya avaló ayer recurrir la Ley estatal de Vivienda ante el Tribunal Constitucional (TC) por invasión competencial a propuesta de Junts y de los republicanos, que la habían impulsado en el Congreso junto a EH Bildu, y con el respaldo de la CUP. La medida, planteada ya en otras cuatro comunidades, refrenda las tesis denunciadas por el Gobierno vasco y deja en evidencia a la coalición abertzale, posicionada en que el giro del partido liderado por Oriol Junqueras no afecta a las “cuestiones troncales” ni los “artículos capitales” de la normativa. Hace un mes, y a petición de los posconvergentes, un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) dictaminó que la norma del Estado presuntamente vulnera la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda y el principio de autonomía financiera y gasto, subrayando la presunta inconstitucionalidad de una decena de disposiciones sobre políticas de vivienda, viviendas de protección oficial y parques públicos, entre otras. En clara sintonía con los argumentos ofrecidos desde la CAV para interponer el recurso.

De hecho, el pasado agosto el lehendakari, Iñigo Urkullu, salió a la palestra para indicar que “la cabriola de ERC al apoyar una ley para luego recurrirla solo es superada por la decisión de EH Bildu de apoyarla y justificar la invasión competencial que supone. Una huida hacia adelante con consecuencias impredecibles para nuestra capacidad de decisión y también para la oferta real de vivienda en Euskadi”. En concreto, desde el Ejecutivo vasco se impugnaban un total de siete artículos del texto, una disposición transitoria, una adicional y dos finales. “Ni siquiera el PSOE “parecía querer” esta ley, que fue “promovida por el segundo partido del Gobierno (Unidas Podemos) y por determinados partidos que lo apoyaban, entre ellos ERC y Bildu”, sostenía el dirigente jeltzale. La réplica de Bildu fue asegurar que el texto inicial de socialistas y morados sí contenía “una gran invasión competencial”, pero que tras la negociación esos artículos de “invasión flagrante” se solucionaron y “se eliminaron prácticamente”. En cambio, la coalición soberanista cree que el recurso que plantea el PNV en Euskadi sí afecta a esos artículos porque, a su juicio, los nacionalistas tienen una “clara intencionalidad política” para intentar “eliminar los avances” con la excusa de la invasión de competencias. “Ellos sí tiene un sesgo ideológico contra esa ley”, proclamaba su portavoz, Mertxe Aizpurua.

Cinco comunidades

Pero en este contexto, tanto Baleares como Andalucía y la Comunidad de Madrid se han situado al lado del movimiento realizado desde la CAV y Catalunya. Esquerra dio un paso atrás y se enganchó a este furgón asumiendo los postulados de Junts, aunque ayer mismo ambas fuerzas se cruzaron reproches por sus diferentes puntos de vista y no haberse alineado con anterioridad. La portavoz de JxCat, Mònica Sales, censuró a ERC la incongruencia de haber negociado la ley con el Gobierno de Pedro Sánchez y ahora sumarse al recurso que su grupo planteó primero: “Pero bienvenido sea el planteamiento”. El republicano Pau Morales defendió que ellos negociaron con el Estado para preservar competencias autonómicas y lograr avances en la regulación del alquiler, y acusó a Junts de “escudarse en la soberanía catalana” para frenar, entre otros, medidas contra los desahucios. “Quien utilice la soberanía catalana como excusa para preservar modelos caducos, que nos han llevado a la situación actual, no solo amenaza a los derechos de las personas, sino que también hace daño a la causa que dice defender”, avisó.

El PSC y los comunes votaron en contra del recurso, mientras que C’s, Vox y el PP se abstuvieron. Los socialistas mostraron su sorpresa por que ERC defienda recurrir una norma que sus propios diputados negociaron, alineándose así con “gobiernos del PP”. “No se puede estar en misa y repicando”, añadieron los comunes. La CUP alertó de que Catalunya vive un “proceso de expropiación legislativa” de sus competencias exclusivas. Terminado el debate, la consellera de Territorio, Ester Capella, tomó la palabra para respaldar las políticas del Govern en materia de vivienda.

En concreto, el Parlament denuncia el artículo 2 de la ley estatal de vivienda (sobre las finalidades de las políticas públicas de vivienda); el 15 (sobre el derecho de acceso a la vivienda y ordenación territorial); el 16 (sobre la vivienda protegida); el 17 (sobre la vivienda asequible incentivada); el 18 (sobre la declaración de zonas de mercado residencial tensionado), así como los artículos 27, 28 y 29 (sobre los parques públicos de vivienda) y tres disposiciones. La Ley estatal de Vivienda va camino de despeñarse.

El PNV pide explicaciones al gobierno español

Nuevo barco de regatas para el rey

Dinero público. El PNV ha registrado una pregunta en el Congreso pidiendo explicaciones al Gobierno español por las noticias que apuntan a que la Armada va adquirir un nuevo barco de regatas que sustituirá al Aifos en el que esporádicamente navega el rey Felipe VI. La Armada planearía invertir 1,8 millones en la adquisición de un nuevo velero de regatas para sustituir al Aifos 500 que se construyó en 2004 y que ya ha sufrido dos modificaciones para actualizarlo. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, pregunta al Ejecutivo si esto es cierto, si esos barcos que usa el monarca en competiciones privadas son propiedad del Estado, y si cree el Gobierno que debe usarse dinero público para costear una actividad privada del Jefe del Estado.