El lehendakari lleva años lanzando propuestas para solucionar la crisis del modelo territorial, y la última de ellas ha conseguido por lo menos generar un intenso debate en el Estado español, no ha provocado rechazos categóricos y, sobre todo, parece que ha logrado abrir un resquicio dentro del propio Gobierno español de Pedro Sánchez. El ministro más cercano al presidente, Félix Bolaños, ha valorado este jueves que la propuesta de Iñigo Urkullu se plantee dentro del marco constitucional y que proponga un acuerdo entre diferentes. Matizó que no es la propuesta del Gobierno español, pero le reconoció esas dos virtudes, ya sea por pura necesidad y porque Sánchez precisa del respaldo del PNV para repetir como presidente en la investidura, o por convencimiento. Urkullu ha centrado todas las miradas al poner nuevamente sobre la mesa su propuesta de celebrar una convención constitucional para pactar una nueva interpretación de la Constitución española, sin necesidad de reformarla, y que aborde cuestiones como el carácter plurinacional del Estado o un sistema de garantías para evitar el incumplimiento de lo pactado.
Esta propuesta se remonta al año 2018 y Urkullu la recuperó el martes pasado en el Consejo de Gobierno de inicio del curso político. Sin embargo, en las últimas horas ha ganado una mayor notoriedad por los detalles que ha dado en un artículo publicado en el diario El País, que es precisamente un periódico muy influyente para el PSOE y de alcance estatal. Además, el Estado español está a la espera de investir a un nuevo presidente que, si resultara ser el socialista Pedro Sánchez, va a depender totalmente de los nacionalistas vascos y catalanes, que le plantean demandas relacionadas con el autogobierno o, en el caso de Junts y ERC, la amnistía y el referéndum de independencia.
En su artículo, el lehendakari propone abordar esta convención en un año. Comienza preguntándose por qué el Estado no puede ser plurinacional como lo fue hasta el siglo XVIII y, aunque reconoce que la Constitución española de 1978 trató de abrir un camino, denuncia los intentos de involución que han venido después y las interpretaciones restrictivas sobre su contenido. Ahí está la clave. Urkullu, a sabiendas de que PP y Vox podrían vetar cualquier intento de reforma constitucional, no plantea cambiar ese texto, sino pactar una nueva interpretación. Tras recalcar que apuesta por el pacto, la bilateralidad y no imponer nada a ninguna de las partes, pone sobre la mesa una posible solución.
Vuelve a apostar por trasladar el modelo pactado y bilateral del Concierto Económico a la política, un Concierto que regula las relaciones financieras entre el Estado y el Euskadi, donde ninguna de las partes puede imponer nada a la otra, y donde la capacidad de autogobierno se ha ido ampliando con la concertación de nuevos impuestos, todo ello con el refrendo del Congreso y el Senado, y con la aceptación europea. Propone actualizar el autogobierno por la vía de los derechos históricos que reconoce la propia Constitución española.
Cumplir los estatutos, plurinacionalidad, capacidad de decidir pactada...
En ese contexto, plantea un doble pacto. Por un lado, la firma de un acuerdo preliminar de bases para convocar una convención constitucional sobre el autogobierno, “incluyendo principios como el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada”. La capacidad de decidir tenía que aparecer sí o sí en esta lista porque forma parte de la filosofía del PNV, y es también un guiño a Junts y ERC para que puedan sentirse reconocidos en la propuesta, si bien tanto el Govern como ERC respondieron con frialdad a este planteamiento para ceñirse al suyo propio. En segundo lugar, Urkullu propone celebrar una convención constitucional en el plazo de un año para analizar el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución (los derechos históricos), el autogobierno de las comunidades de raíz foral o, incluso, el autogobierno de las nacionalidades históricas”. Es una propuesta para pactar una interpretación constitucional sin necesidad de “modificación previa de la Constitución”, y podría incluir otras materias que están en la agenda del debate político.
En principio, con la percha de la foralidad y los derechos históricos, Euskadi podría evitar de manera más clara que otras comunidades la reforma constitucional, si bien los socialistas vascos rechazaron esta hipótesis durante meses durante el debate del nuevo estatus y defendieron que no se puede blindar el autogobierno sin una reforma constitucional previa. Urkullu sí lo ve posible, también para otras comunidades, sobre todo las históricas. La cuestión nuclear es que ha habido una interpretación restrictiva de la Constitución y ahora se podría realizar otra para evitar la invasión de competencias autonómicas e instaurar un sistema de lealtad mutua. Y el contexto actual parece abocar a buscar esta solución creativa porque el modelo territorial se cuestiona ampliamente por parte de los socios potenciales de Sánchez.
En cuanto al formato de la convención constitucional, desde Lehendakaritza apuntan a los ejemplos de Reino Unido y Estados Unidos, donde se han alcanzado acuerdos políticos que han terminado trascendiendo a esos agentes políticos.
Bolaños lo ensalza
Ni el PSOE ni el PP quisieron echar por la borda esta propuesta, ya sea por convencimiento o porque tanto uno como otro están intentando investir a sus candidatos como presidente (el popular Feijóo, en cualquier caso, no tiene ninguna opción con el PNV porque su legislatura quedaría en manos de Vox). El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, se mostró extremadamente conciliador sobre una iniciativa que el propio diario El País destacó con una amplia cobertura y tono constructivo. “Es una propuesta muy legítima que yo valoro. No es la nuestra, pero siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional, que es lo que propone el lehendakari”, ensalzó.
Sánchez ya acordó con el PNV en su anterior investidura acometer las reformas necesarias en este ámbito, pero finalmente no dio ningún paso y, además, contaba con una mayoría más holgada que ahora no va a tener, puesto que necesitará al PNV sí o sí.
Algunos líderes territoriales del PSOE, como es habitual, matizaron que ninguna comunidad puede quedar relegada. El valenciano Ximo Puig, por ejemplo, se mostró partidario de un debate territorial, pero con una mirada más amplia que no abarque solo a Euskadi y Catalunya, sino a todas las demás, dentro de un espacio federado.
La vicepresidenta Calviño reconoció en la cadena Ser que “siempre hay capacidad para mejorar” y, desde el PSOE, su portavoz Pilar Alegría fue algo más fría al defender que el modelo territorial ya está “perfectamente refrendado”, si bien se mostró abierta a dialogar y a que el nuevo Gobierno celebre un encuentro con las comunidades para conocer el contenido de la propuesta del lehendakari.
La vicepresidenta en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, saludó la aportación y coincidió en que “esta tiene que ser la legislatura de un nuevo acuerdo territorial”.
El PP evita la descalificación pero pide igualdad
Por parte del PP, que lleva semanas haciendo bandera de la igualdad entre españoles y rechazando las demandas particulares del nacionalismo, su presidente y candidato, Alberto Núñez Feijóo, se mostró dispuesto a “escuchar lo que se nos diga desde cualquier lugar de España”, aunque insistió en que solo aceptará lo que cabe dentro de la Constitución y no rompa la “igualdad real y efectiva de los ciudadanos”. Su coordinador general, Elías Bendodo, llegó a decir que “entiende” la propuesta de Urkullu, aunque el PP tiene “límites que nunca va a superar”, dijo en Onda Cero. El presidente gallego, Alfonso Rueda, incluso la vio “bien encaminada”, e insistió en no provocar desigualdades.
El Govern y ERC se ciñen a su propuesta
La propuesta la recibieron con distancia ERC y el Govern de Aragonès, que prefieren ceñirse a su hoja de ruta de amnistía y autodeterminación. La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, respetó la idea de Urkullu pero no la hizo suya y recordó que la carpeta catalana “es otra” y se basa en amnistía y autodeterminación. En cualquier caso, cuando se le preguntó si la Generalitat se abriría a participar en esa convención, dijo que habrá que ver “qué recorrido tiene”, pero que el Govern tiene clara su posición. Desde ERC, Marta Rovira se ciñó a la propuesta catalana y dejó caer que Urkullu hace estas reflexiones porque Euskadi ya tiene un Concierto Económico.
