La FSA-PSOE e IU-Convocatoria por Asturias han cerrado este viernes un preacuerdo para formar un gobierno conjunto "progresista" y "reformista" en el que la coalición asumirá la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.
Según ha informado la FSA-PSOE después de que la Comisión Ejecutiva Autonómica haya aprobado el preacuerdo de gobierno, que el próximo miércoles se someterá a votación de la militancia, se trata de un pacto para la conformación de un ejecutivo "de unidad progresista fuerte que asegure estabilidad política y permita afrontar con éxito los importantes retos que Asturias encara en los próximos años".
La FSA-PSOE, con 19 de los 45 escaños de la Junta General, e IU-Convocatoria pos Asturias, con tres diputados, buscan "un gobierno fuerte de unidad progresista que sea garantía de estabilidad política y de reformismo".
Desde IU, que esta tarde también tiene previsto convocar un referéndum entre la militancia, se ha apuntado que el pacto busca "la conformación de un Gobierno de unidad progresista que será, además, reformista".
Fuentes de ambas formaciones han apuntado que lo más probable es que la estructura del resto del Ejecutivo, al margen de la consejería cuya competencia recaerá sobre IU-Convocatoria por Asturias, no se decidirá hasta la próxima semana.
El presidente electo del Principado, Adrián Barbón, quiere tener a su nuevo ejecutivo ya operativo para el 1 de agosto, cinco días después de que tome posesión de su cargo el jueves 27 de julio.
Barbón adelantó hace días que para su segundo mandato quiere formar un gabinete menos técnico y que la vicepresidencia del Gobierno esté ocupada "por una persona de partido".
El preacuerdo cerrado este viernes, redactado a lo largo de catorce páginas, pretende sentar las bases para "un gobierno de unidad progresista fuerte, cohesionado en su voluntad política y empeñado, a la vez en el diálogo permanente", con una "clara vocación reformista".
A este respecto, incide en que el objetivo es garantizar la "estabilidad política e institucional" necesaria para afrontar grandes retos como la transición ecológica "hacia la economía verde, digital y sostenible", la creación de empleo de calidad, la crisis climática y la protección de las personas garantizando "la igualdad, la equidad, la justicia y la solidaridad".
Ambas formaciones hacen mención expresa a su compromiso feminista, así como a la defensa de los derechos de los colectivos LGTBI y de los inmigrantes, y a su apuesta por la memoria democrática.
