Tras reconocer la comisión de investigación del Parlamento Europeo que España espió al independentismo mediante el sistema Pegasus, la ponente del informe, Sophie In’T Veld, admitió ayer martes que las instituciones europeas tienen “un deber moral” con las víctimas del ciberespionaje, entre ellas los afectados por el Catalangate. “Sabemos que no podemos forzar a la Comisión y al Consejo para que actúen, pero si dejamos que esto pase por alto, seremos cómplices de la destrucción de la democracia”, subrayó desde Estrasburgo. Según la dirigente neerlandesa, los casos destapados han puesto de encima la mesa que las personas espiadas fueron elegidas de forma deliberada “por razones políticas” y afirma que la Eurocámara “no se detendrá” en su objetivo de “conseguir investigaciones justas y apoyar a las víctimas”.

La ponente criticó que la gran mayoría de Estados utilicen la seguridad nacional como argumento para justificar el espionaje y se mostró “preocupada” por las consecuencias que esto pueda tener, sobre todo en clave electoral. La eurodiputada del grupo Renew también lamentó la falta de colaboración de algunos gobiernos en la elaboración del informe y cargó contra la falta de independencia. “Muchos países dicen que hay que ir a las autoridades nacionales a denunciar, pero ¿qué sentido tiene si resulta que éstas son las que acaban espiando?”, precisó. Por su parte, el presidente del comité Pegasus, Jeroen Lenaers , añadió que el trabajo del grupo no está “ni mucho menos terminado” y se mostró convencido de que las recomendaciones que aprobará la Eurocámara “marcarán la diferencia” para conseguir que el uso de programas de espionaje legal desaparezcan de las instituciones europeas.

Desde Catalunya, Pere Aragonès celebró el documento por “la oportunidad de denunciar la vulneración de derechos” sufrida por el independentismo. “Se ha dado un paso más para denunciar este caso de espionaje y exigir transparencia y cooperación con la Justicia de todas las instituciones”, resaltó el president. El expresident Carles Puigdemont denunció que el espionaje a través del sistema Pegasus representa “una grave amenaza para la democracia europea”, y cree que el informe “se queda corto” a consecuencia “de los intereses de las grandes familias políticas” con representación en la Eurocámara. Es por este motivo que se abstuvo en la votación y votó en contra de las recomendaciones al quedar “desdibujado” el “concepto de víctimas”.