Tras la aprobación en el Consejo de Gobierno de la semana pasada de la Ley de Educación vasca se ha iniciado la cuenta atrás para posibilitar su aprobación en la presente legislatura, un objetivo que no será fácil por los poco más de 365 días de mandato que quedan por delante; por un calendario jalonado de citas electorales que pueden condicionar el debate y que sumirán las instituciones en periodos inhábiles; y por unos apoyos que se han ido resquebrajando desde el respaldo mayoritario que cosecharon las bases del proyecto en abril de 2022 en el Parlamento Vasco, con el voto a favor de todas las formaciones excepto PP+C’s y Vox.
Buena prueba de la trascendencia de esta norma es la defensa cerrada de la misma que hizo ayer el lehendakari Iñigo Urkullu en sede parlamentaria, donde aseguró que “ojalá nadie dificulte que esta ley se pueda aprobar esta legislatura”. Durante el pleno de control, se erigió en un dique de contención en el que respondió a las preguntas formuladas por Elkarrekin Podemos-IU, PP+C’s y Vox sobre esta cuestión, negando que el proyecto haya generado brecha alguna. La sesión sirvió por tanto para visualizar cómo la coalición morada se ha alineado completamente con la derecha respecto a la Ley Educativa, después de desmarcarse a finales del año pasado del acuerdo de bases que suscribió en la Cámara vasca y de dar la espalda a la propia Ley tan solo 24 horas después de su aprobación en el Consejo de Gobierno del 25 de abril, cuando anunció su rechazo a la misma y que presentará una enmienda a la totalidad del texto. Urkullu se mostró ayer especialmente crítico con Elkarrekin Podemos-IU y censuró que “ha decidido quedarse fuera” del acuerdo “sin argumentos y sin razones”, dado que “todos los compromisos adquiridos en el pacto educativo se están cumpliendo”, defendió. “Ustedes saben que el proyecto de ley recoge con lealtad lo establecido en el pacto educativo”, insistió el lehendakari, tras lo que reprochó a la coalición que “es el único de los cuatro partidos que no ha hecho aportaciones al proyecto”. “Tras 14 meses de trabajo han decidido quedarse fuera y no hacer aportación alguna”, censuró.
Durante su intervención, la portavoz del grupo, Miren Gorrotxategi, afirmó que, según los informes de la Dirección de Presupuestos sobre el coste de la aplicación de la nueva ley, la misma incurre en un “desfase económico” que se dedicaría según ella a financiar los centros concertados. Acusó al Gobierno vasco de “imputar al erario público las cuotas que cobran los concertados de manera ilegal” tras señalar que, en los últimos diez años, el dinero público destinado a conciertos educativos con centros privados se ha incrementado en un 25% en la enseñanza primaria y un 37% en la ESO.
En su respuesta, el lehendakari rechazó que exista “desfase” alguno, y reprochó a Gorrotxategi que compare “peras con manzanas”. “Una cosa son las previsiones para cuando se apruebe la Ley de Educación y otra, muy distinta, son los Presupuestos de 2023, aprobados en diciembre de 2022”. Aseguró que la financiación de la ley una vez entre en vigor estará garantizada en los sucesivos presupuestos y recordó que el pacto educativo fijaba el papel que ha de desempeñar la red concertada. Así, citó un apartado del acuerdo que señala que “la prestación del Servicio Vasco de Educación se realizará a través de los centros públicos y de centros privados concertados que cumplan con las obligaciones acordadas”.
Frente a la denuncia de Carlos Iturgaiz (PP+C’s) de que “es el proyecto de Bildu, ajeno a las necesidades reales de la educación en el País Vasco”, Urkullu recordó que esta iniciativa ha llegado al Parlamento Vasco “tras un largo y enriquecedor debate y reflexión con la comunidad educativa y con los grupos parlamentarios”. La única representante del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez, opinó que el objetivo del proyecto de ley es “poner la educación al servicio de la construcción de una quimérica nación vasca” y el lehendakari respondió que “ideologización son las innumerables veces que nos vimos obligados a cantar el Cara al sol o los ejercicios militares que realizábamos en el patio del colegio con apenas ocho años”.
Recelos del PSE
Además del desmarque de Elkarrekin Podemos-IU, el propio PSE ha expresado sus dudas respecto a la Ley de Educación pese a que forma parte del Gobierno vasco de coalición que la aprobó el 25 de abril. El propio secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, se refirió ayer a la posibilidad de que esta ley no se apruebe en la presente legislatura. “Las prisas no son buenas consejeras. Es una Ley de Educación, algo muy serio. Vamos a hacer las cosas bien y no por correr hacer una ley con vacíos y déficit... prefiero tener una buena ley que garantice un buen futuro que andar deprisa y corriendo”, dijo en Radio Euskadi. A su juicio, el calendario no juega “a favor de la ley” al quedar poco más de un año para agotar la legislatura y no será fácil que se apruebe ya que “las discrepancias son evidentes”.
De nuevo durante el pleno de control en el Parlamento Vasco, el consejero de Planificación Territorial, Iñaki Arriola, explicó que tanto él como los otros dos representantes socialistas en el Gobierno vasco votaron a favor del proyecto de la nueva ley “para no entorpecer” la tramitación del texto en el Parlamento. A preguntas del parlamentario de PP+C’s Carmelo Barrio, que aseguró que el apoyo del PSE “no es justificable”, dado que el proyecto “elimina de facto la educación en castellano”, Arriola admitió que su partido mantiene ciertas “discrepancias” con el PNV en torno a su contenido. Pero añadió que el PSE tiene la “voluntad” de “tratar de resolver estas diferencias y ampliar todo lo posible los consensos” en torno a la ley durante su tramitación. l