“Si lo hacemos mal, PP y Vox van a acudir al Tribunal Constitucional a recurrir las transferencias”. Estas palabras, pronunciadas en privado desde el equipo de la ministra Isabel Rodríguez en julio del año pasado, durante su visita a Leioa para participar en la conferencia autonómica sobre asuntos europeos, resumen la defensa del Gobierno español frente a las críticas de la consejera Garamendi y del PNV a la demora con los traspasos. El Ejecutivo español ha descartado todo este tiempo que exista una orden política desde La Moncloa para dejar en un segundo plano la negociación de las transferencias con el Gobierno de Urkullu. La argumentación que ha puesto sobre la mesa para justificar esta demora, además de los históricos escollos técnicos, incide, por un lado, en que el Estatuto de Gernika es de primera generación y no ha sido reformado como el de Andalucía o Catalunya, lo que le restaría claridad y desarrollo a la hora de concretar hasta dónde debe llegar la gestión vasca de una materia determinada y solo la cita en su articulado.
Este argumento lo puso sobre la mesa en la reunión celebrada en julio del año pasado en Leioa con la consejera Olatz Garamendi, donde la ministra Isabel Rodríguez defendió que Canarias sí pudo asumir el traspaso de litoral porque reformó su Estatuto en 2018. El traspaso del litoral sí aparece en el Estatuto de Gernika, en su artículo 10.31, que recoge la competencia exclusiva sobre ordenación del litoral. La parte vasca defiende que, si se trata de concretar su alcance y contenido, esa tarea se abordará ya cuando haya que perfilar los acuerdos para la Comisión Mixta de Transferencias. El Gobierno español cuestiona la viabilidad de varios traspasos y se escuda en la ofensiva de la derecha española en los tribunales.
Por otro lado, el Ejecutivo de Sánchez ha señalado obstáculos relativos al interés general que tendrían algunas transferencias por su repercusión en el resto del Estado. En una primera fase, ese argumento amenazó la transferencia de las líneas de tren de Cercanías, en el caso de algunos tramos cuyo trazado sale a lo largo de un puñado de kilómetros de la CAV, aunque es algo que se salvó a través de una enmienda pactada entre el PNV y el PSOE en el Senado, en la Ley del Sector Ferroviario. Se acordó considerar que “no concurren los motivos de interés general” cuando dichos elementos se utilicen “de forma exclusiva para la prestación de servicios ferroviarios de titularidad y competencia exclusiva de una comunidad autónoma, o su explotación conjunta con el resto de la red no sea necesaria para el correcto funcionamiento del sistema común de transporte”.
PUERTOS Y AEROPUERTOS
Este argumento también se ha utilizado para alejar la transferencia de los puertos de Pasaia y Bilbao. La ministra Raquel Sánchez ha realizado alguna declaración que enfría igualmente el traspaso de los aeropuertos de Loiu, Hondarribia y Foronda.
