Pedro Sánchez, presente ayer jueves en el Parque de Doñana, respiró aliviado a distancia después de sacar adelante la reforma del solo sí es sí apoyándose en el PP y pese a que la grave crisis suscitada por esta normativa prácticamente haya terminado por agrietar su matrimonio de legislatura con Unidas Podemos. Aunque desde el Gobierno español no consideran que la coalición esté quebrada y piensan que las duras discrepancias entre los dos socios no deben dramatizarse, la brecha que les separa a pie de terreno es una profunda sima de difícil reparación en los meses que restan hasta las generales. Con todo, el líder del PSOE da por amortizado el martirio que le ha supuesto esta ley desde que entró en vigor a comienzos de septiembre y bendice una corrección que vuelve a elevar las penas tras el millar de rebajas y el centenar de excarcelaciones de abusadores sexuales. El partido que abandera la ministra de Igualdad, Irene Montero, votó en contra de una iniciativa que modifica el proyecto estrella de su departamento, acusando al jefe del Ejecutivo de liderar una “involución” en el derecho de las mujeres al sacar del foco el consentimiento de la víctima en este tipo de delitos. Casualmente, el Tribunal Supremo salió en paralelo a la palestra para precisar que la falta de consentimiento “siempre” ha sido necesaria en los delitos sexuales.

Desde Moncloa quisieron trasladar que “se cierra un ciclo” al que no hay que dar mayor importancia ni valor político, enmarcando las diferencias en el clima electoral de cara al 28-M, y que ven dentro de la lógica, aunque reconocen que toda esta diatriba ha sido “especialmente dura y dolorosa”, restando también trascendencia al respaldo desde Génova porque solo se han introducido variaciones “técnicas y semánticas”. En las filas socialistas entienden que el PP lo está usando de forma “demagógica” al erigirse como los salvadores, pero la incomodidad fue evidente en el turno de aplausos pese a solventar la papeleta con 233 votos a favor (PSOE, PP, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria y Navarra Suma); 59 en contra (Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, CUP y los independientes Meri Pita y Pablo Cambronero), y 4 abstenciones de los diputados de Junts. Vox, por su parte, decidió no votar. Los diputados populares lo celebraron durante un minuto, primero sentados y luego de pie, mientras que ningún miembro del PSOE hizo ademán de festejo.

El texto será aprobado en el Senado el próximo miércoles y, entre otras medidas, en él se modifica la horquilla de penas para la agresión sexual con violencia e intimidación de manera que este delito eleve su castigo en hasta dos años de prisión. Para ello, modifica el artículo 179 del Código Penal. Si en la ley del solo sí es sí se recoge una pena de cuatro a doce años para las agresiones con penetración (violación), la nueva redacción añade que en el caso de que incluya violencia e intimidación esta horquilla de penas sea de 6 a 12 años.

Consentimiento

Y mientras se zanjaba el asunto en la Cámara baja, el Supremo recalcó en una nueva sentencia –al menos la tercera en este sentido– que, aunque hasta surgir esta ley no ha habido una definición legal del consentimiento en los delitos sexuales, “siempre” ha sido necesaria la ausencia del mismo para incurrir en este tipo de ilícitos, pronunciándose respecto a un caso de 2016 –una violación mientras la víctima estaba durmiendo– donde, además, mantiene la pena antigua por caber en el nuevo marco penal, siguiendo así el criterio del Ministerio Público. En una ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, subraya que, “aunque no se definiera el consentimiento, no significaba que, desde siempre, la jurisprudencia no entendiese que era sustancial” a la hora de abordar los delitos sexuales por parte de tribunales y juzgados. A este respecto, razona que, aunque la nueva ley habla de que solo se entenderá que hay consentimiento para una relación sexual cuando “se haya manifestado libremente mediante actos”, “por actos se han de entender todo tipo de manifestaciones o señales de la persona que va a consentir, sea verbales o no, gestuales o situacionales, pero deben de ser considerados como explícitos”.

El alineamiento en esta reforma no supondrá que PSOE y PP reconduzcan sus relaciones visto el rifirrafe mantenido ayer jueves, cuando los socialistas atizaron al partido de Alberto Núñez Feijóo de querer sacar tajada al “pasear una moción sobre este tema por ayuntamientos y parlamentos autonómicos” y poner en marcha “campañas morbosas” en redes sociales y medios “polarizando” con la “única intención de generar miedo y conflicto social”. Así lo denunció la secretaria de Igualdad de los socialistas, Andrea Fernández, durante el debate mientras el presidente del PP azotaba desde Huelva a Sánchez por estar ausente en la Cámara por la “vergüenza de ver roto” su Gobierno. “Está muy avergonzado. Pero si te has equivocado, da la cara, pide perdón, vete al Congreso y vota a favor de la reforma de la ley”, espetó, sabedor de que el líder del PSOE estaba en Doñana trasladando su compromiso con la preservación de la reserva de la biosfera.

Al margen de las críticas de Unidas Podemos, para la representante de ERC, Pilar Vallugera, la alianza del bipartidismo “no es una prueba de buen Gobierno” ni de “lealtad” a sus socios y piensa que los socialistas “son conscientes” de lo que esto va a supone en términos políticos. La portavoz de Igualdad de Bildu, Bel Pozueta, sostuvo que “es difícil de entender” cómo el PSOE puede pactar avances feministas por los derechos de las mujeres con el PP. Desde otro prisma, el diputado del PNV Mikel Legarda precisó en un tono conciliador que la modificación no supone una carga probatoria más gravosa y mantiene las medidas en cuanto prevención, reparación y protección de las víctimas. “Había que recuperar la percepción de legitimidad de una norma cuyos beneficios a la lucha contra las violencias sexuales, “como un iceberg”, se verán según vayan avanzando los meses. A su vez, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, se quedó con que se ha corregido el “efecto pernicioso” que provocó la ley pero avisó de que seguirá habiendo bajadas de penas hasta que entre en vigor la nueva modificación.