Las últimas decisiones judiciales que han tenido como objeto la utilización del euskera, tanto en el ámbito educativo como en el de la seguridad publica, son dos piedras más en el camino de la normalización de la lengua vasca. Así lo entiende el Gobierno vasco, cuyo portavoz, Bingen Zupiria, afirmó ayer jueves que el sistema judicial “está fallando de forma estrepitosa en facilitar la atención en euskera a los ciudadanos y en el uso normalizado de ese idioma en las relaciones con las instituciones”.
La afirmación de Zupiria llegó en referencia a la reciente sentencia que ordena a la Academia Vasca de Policía de Arkaute admitir en un plazo de dos meses a los aspirantes a acceder a una bolsa de policías locales interinos que fueron excluidos de la convocatoria por no tener el nivel B2 de euskera después de que el sindicato UGT recurriera ese proceso al considerar que suponía un “trato discriminatorio” para aquellos aspirantes que no pudieran acreditar el nivel de conocimiento de euskera exigido.
Tras precisar que “no” cuestiona las resoluciones judiciales y aclarara que rechaza “entrar en polémicas”, Zupiria recordó en una entrevista en Radio Euskadi que existe un compromiso de los estados de la Unión Europea para favorecer los derechos lingüísticos de los ciudadanos y que “de forma reiterada no se cumple en lo que respecta a Euskadi en la relación con la Administración de Justicia”.
Las dos últimas decisiones
La normativa anulada por esta sentencia había sido aprobada en julio de 2021 por el Gobierno vasco, que dictó una resolución en la que se establecía como “requisito de admisión” para una bolsa de policías locales interinos el acreditar un nivel B2 de euskera. El fallo anuló una de las bases de aquella resolución por la que se convocaba el proceso selectivo para crear una bolsa de interinos de las policías locales de toda Euskadi, a la que recurren los ayuntamientos cuando tienen que cubrir plazas de agentes municipales.
La sentencia, además, alertaba de que exigir un nivel B2 de euskera “contradice frontalmente los principios básicos de acceso a la función pública” al dejar fuera de la bolsa de trabajo “a todo aquel que no pueda acreditar dicho nivel” lo que supone “un trato discriminatorio” hacia esos aspirantes.
Además, era la segunda sentencia que cuestiona el empleo del euskera dictada por la justicia en apenas unos días después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) publicara la sentencia firme de la anulación la Orden de 24 de marzo de 2021, del consejero de Educación, por la que se fijaba el currículo y el horario mínimo de las enseñanzas de Lengua y Cultura Española y Vasca en los centros docentes que imparten enseñanzas de sistemas educativos extranjeros equivalentes a las enseñanzas obligatorias en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
En este caso, fue la Asociación Colegio Americano de Bilbao (American School of Bilbao) quien presentó un recurso contencioso-administrativo y la resolución judicial declaró que la actuación del Gobierno Vasco en este caso “contraviene frontalmente el artículo 133.1 de la LPAC, en su inciso relativo a la obligatoriedad de consulta pública, que entronca directamente con el derecho de participación ciudadana del artículo 105.b) de la Constitución” por lo que declaró nula la orden impugnada.
Para el actual consejero de Cultura y portavoz del Gobierno vasco, todo esto viene a incidir en que “no hay un compromiso del sistema judicial español para atender a la diversidad lingüística que existe en el Estado y para comprometerse con el proceso de normalización de la lengua, por supuesto respetando la Constitución, el Estatuto y las leyes en vigor”.
Bingen Zupiria, además, reprochó al respecto que “parece que no va con el Poder Judicial este proceso de normalización del euskera; lo veo en el propio funcionamiento del sistema judicial y también en el comportamiento de muchos jueces”, y ha añadido que “por su relevancia, el sistema judicial no puede estar al margen de esa normalización”. “No se en qué manera esto incide en las diferentes sentencias que dictan”, puntualizó.
El consejero y portavoz también se refirió a la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que a partir de las próximas elecciones, la lista más votada gobierne las diferentes instituciones, y ha recordado que desde 1979 “todos” los partidos con representación en el Parlamento Vasco, entre los que se incluye el PP, “han considerado con sus hechos que la conformación de mayorías tiene toda la legitimidad para gobernar”.
