Vox ha encontrado ahora en la reforma de la sedición una palanca para presionar al PP, a quien invitó ayer a pactar un candidato de consenso para la presentación de una moción de censura a Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales, sin aclarar si la formación de ultraderecha daría el paso en solitario si el partido de Alberto Núñez Feijóo no lo hace. “Nosotros ya la presentamos en su momento y hemos dicho que no renunciamos a la utilización de ese instrumento democrático, pero entendemos que otros también tienen su responsabilidad”, manifestó Santiago Abascal, que en su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios anunció que acudirá al Tribunal Constitucional solicitando la suspensión cautelar de esta reforma del Código Penal, y que promoverá la convocatoria de un referéndum para la ilegalización de los partidos “que pretenden destruir la unidad política, social y territorial”.

Minutos después compareció Feijóo, que trató de esquivar este planteamiento adelantando una propuesta para mantener la sedición y para que se introduzca como delito “cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad del resto de España”. Además, criticó que ya estén “amagando” con modificar también el delito de malversación, algo que, a su juicio, “ya sería el colmo”. Así se pronunció en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, apelando a los barones del PSOE críticos con Sánchez porque en la derogación de la sedición “no caben medias tintas” y están “obligados a dar un paso al frente pero no solo para hablar” sino que tienen que “posicionarse y votar”. “Que sean los sediciosos los que van a derogar su propio delito es una cacicada injustificada en una democracia consolidada”, enfatizó el líder de Génova. A su entender, no existe un principio democrático capaz de justificar que el independentismo haga un Código Penal “a su medida” y que cuente con la “complicidad” de Sánchez.

En todo este ataque de la derecha al líder del PSOE el primero en solicitar una moción de censura fue Ciudadanos, por boca de Inés Arrimadas, nada más oficializarse la reforma de la sedición.