Dignidad y Justicia se querella contra diez exjefes de ETA

La asociación Dignidad y Justicia presentó ayer miércoles una querella contra diez exlíderes de ETA para que sean investigados como “auténticos autores” detrás del asesinato del concejal de PP en el Ayuntamiento de Durango Jesús María Pedrosa Urquiza, a quien señaló como “una de las numerosas víctimas” de la “política de expulsiones forzadas” de Euskadi.

En concreto, la querella se dirige contra Ignacio Gracia, alias Iñaki de Rentería; Javier García Gaztelu, alias Txapote; Juan Antonio Olarra, alias Juanvi; Ainhoa Mugica, alias Olga; Asier Oyarzabal, alias Baltza; Juan Carlos Iglesias, alias Gadafi; Mikel Albisu, alias Mikel Antza; Vicente Goicoechea, alias Willy; Ramón Sagarzazu, alias Ramontxo, y Soledad Iparraguirre, alias Anboto, a los que sitúa en “el vértice y la cadena de mando jerárquico de la organización”.

La asociación presentó los 247 folios ante el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional para pedir que investigue no solo el asesinato, uno de los crímenes de ETA que siguen sin resolver, sino también las presuntas coacciones y amenazas terroristas contra Pedrosa Urquiza como parte de “la más amplia política de expulsión forzada de entre 60.000 y 200.000” personas de Euskadi.

Pedrosa Urquiza fue asesinado el 4 de junio de 2000, cuando se encontraba de regreso a su domicilio. “Un miembro de ETA se le acercó por detrás (...) y efectuó un disparo en la nuca que le causó la muerte de forma casi instantánea. Un segundo miembro de ETA tampoco identificado recogió a su vez rápidamente en un vehículo a dicho autor material y ambos se dieron a la fuga”, recordó la asociación.

Dignidad y Justicia subrayó que “ETA reivindicó ex post en todo momento el atentado de Durango contra Pedrosa Urquiza”, lo que, a su juicio, “permite inferir igualmente que en ningún modo existió contraorden alguna por parte de ninguno” de los dirigentes contra los que ahora presenta querella.

Así, la asociación considera que el “intento de expulsión forzada” se insertaba en “una larga y muy extensa política que zuba a zuba (comité ejecutivo de ETA) habían venido perpetuando desde finales del año 77” y que ello fue “determinante” en el asesinato del concejal. En este sentido, defendió que el miembro del PP fue “asesinado selectivamente” ante su “singular resistencia cívica y heroica de huir de Durango”. Para Dignidad y Justicia, la muerte de Pedrosa Urquiza fue consecuencia “directa” de su resistencia ante dicha política de expulsión”.

La asociación insiste en que hasta ahora la “expulsión forzada” no ha contado con una “investigación judicial con todas las garantías”. “Continúa faltando la investigación judicial y pruebas vitales como los informes y peritajes de policía judicial específicos” sobre esta actuación de ETA.

Jurisprudencia del TS

En el marco de la querella, Dignidad y Justicia se ampara en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que contempla la “autoría mediata por dominio de los aparatos organizados de poder”, para reclamar a la Audiencia Nacional que admita su petición e investigue el asesinato del concejal popular.

A su vez, hace referencia a casos internacionales en los que se ha aplicado: el caso de los 136 asesinatos impunes por los tiradores fungibles del Muro de Berlín y la condena al líder del Sendero Luminoso en Perú.

Desde la asociación recordaron el Informe del Parlamento Europeo, firmado el pasado abril, en el que se recomienda a España “agotar las vías interpretativas del Código Penal ante la gran situación de impunidad de asesinatos de ciudadanos europeos” y perseguir todos los crímenes de ETA también perpetrados antes de 2004, como es el caso de Pedrosa Urquiza.